Finalmente, el gobierno del PSOE, a través del Ministerio de Defensa, ha vuelto a dar el visto bueno a la venta de 400 bombas de precisión láser a Arabia Saudí. Un nuevo globo sonda que se estrella al poco de despegar. La presión del gobierno saudí con suspender el contrato de casi 2.000 millones de euros por la construcción de cinco corbetas de guerra ha hecho recular al gobierno de Pedro Sánchez. La ética y la moral se esconden cuando aparece el dinero. La guerra ya no parece tan horrorosa, y en lugar de soluciones a los problemas, nos tenemos que tragar las sandeces del ministro Borrell sobre lo precisas de estas bombas. Tanto que no matan civiles, sólo hombres malos, le faltó decir. Si bien es cierto que este tema parece ya cerrado, creemos que pone sobre la mesa dos importantes aspectos a valorar. En primer lugar, el cada vez más lucrativo negocio de las armas en nuestro país, un negocio que nos quieren vender como desligado de la muerte y la destrucción que estas mismas armas generan. Por otro lado, los demenciales dilemas a los que nos arroja el capitalismo, que nos pretende hacer elegir entre nuestro sustento y la muerte de nuestros semejantes.
Yemen, territorio desolado
Lo primero es lo primero, y para poder avanzar en este debate, debemos detenernos antes en Yemen. Considerado el Estado más pobre del mundo árabe, Yemen lleva ya más de tres años inmerso en una cruenta guerra1. Una guerra que viene de largo, en una región que ha ido saltando de conflicto armado en conflicto armado desde la “descolonización” británica. El actual conflicto hunde sus pies en el nuevo siglo, en aspectos como la carestía y la miseria derivada del pico del petróleo en Yemen, las convulsiones tras 30 años de gobierno del expresidente Saleh, la situación geoestratégica del país como punto de acceso al estrecho de Bab-el-Mandeb que une el océano Índico y el mar Rojo (con su consecuente extensión en el Canal de Suez, eje de la ruta del comercio del petróleo) o la continua disputa por la hegemonía en la zona entre los bloques encabezados por Arabia Saudí e Irán. Pero el punto de no retorno se dio en marzo de 2015, cuando tras la toma del poder en Yemen por el movimiento hutí (minoría religiosa zaidí, una variante concreta del islam chii), Arabia Saudí y sus aliados del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCEAG) comenzaron su campaña de bombardeos sobre territorio yemení. Más de tres años después, la guerra sigue abierta.
Las cifras de este conflicto son escalofriantes. Según datos de Amnistía Internacional, hablamos de 6.000 civiles muertos, 50.000 heridos, 3 millones de desplazados internos, 22,2 millones de personas (lo que representa el 83% de la población yemení) que necesitan de ayuda humanitaria para poder sobrevivir, 1 millón de personas afectadas de cólera. El país entero ha sido pasto de la destrucción y gran parte de las infraestructuras sanitarias, de transporte y de suministros están inhabilitadas. Más si cabe, existen al menos 36 denuncias por supuestos crímenes de guerra contra bombardeos de la coalición, por diversos ataques a mercados, hospitales o bodas. A todo ello, hay que añadir un bloqueo marítimo por parte del CCEAG que impide, en gran medida, el abastecimiento mínimo de ayuda humanitaria para la población local. Y así podríamos seguir escupiendo cifras y datos, todos igual de horrorosos, pero no por ello menos reales.
Pero si la guerra es desoladora, los negocios parecen no entenderlo, y no se detienen ante semejantes nimiedades. Más bien, se aprovechan de todo ello. La muerte vende, y muchos/as se hacen ricos/as a costa de guerras, mutilaciones y genocidios. Y este caso no es ni será diferente. En 2015, año en el que el conflicto se desboca totalmente, salen de España en dirección a Arabia Saudí armas valoradas en 546 millones de euros, lo que supuso un 46% más de ventas que el año anterior. El negocio siguió creciendo, y entre 2015 y 2017, se aprobaron 202 licencias de exportación de armamento hacia los diversos países pertenecientes a la CCEAG por un valor de 1.500 millones de euros (1.000 veces más de lo que nuestro gobierno ha destinado a ayuda humanitaria en Yemen). Dentro de estas licitaciones es donde encontramos la partida de 400 bombas de precisión láser, un contrato aprobado en 2015 por un precio de 9,2 millones de euros, algo menos del 1% del total del valor de las armas suministradas durante la guerra. Se venden obuses, rifles, lanzacohetes, drones, equipos de detección e infrarrojos… Con todo, en 2017, Arabia Saudí representaba el quinto mayor comprador de armamento fabricado en nuestro país.
El control que se ejerce sobre todo este negocio es bastante opaco, como no podría de ser de otra manera. Quien se encarga de aprobar o denegar cada exportación de armas de una empresa española es la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU), dependiente del Gobierno. Las deliberaciones de esta institución son secretas. Pero lo que sí se sabe es que sus denegaciones no suelen alcanzar el 1% y, que más allá de esta Junta, apenas existe un control real sobre dónde acaba todo aquello que se vende. Nos fiamos de la palabra de los/as compradores, a pesar de que la ley española del comercio de armas y las directrices internacionales son bastante tiquismiquis con eso de venderles armamento a países en guerra o dictaduras que se pasan por el arco del triunfo los derechos humanos. ¡Pero qué podíamos esperar!
De vuelta a casa, contradicciones y más contradicciones
Si algo dio al traste con la careta progre que el gobierno de Pedro Sánchez quiso ponerse para esta ocasión, fue el lío de Navantia. Una vez que el ejecutivo saudí sembró la duda sobre el contrato de las corbetas, todo se desbocó. El Comité de Empresa de Navantia San Fernando salió en defensa de sus 6.000 puestos de trabajo, y a su vera aparecieron dos compañeros no muy bien avenidos, la presidenta Susana Díaz y el alcalde de Cádiz, Kichi. Y aquí se forjó el dilema del pan o la paz. Una supuesta elección que se debía de tomar; el sustento de las familias gaditanas (en, por cierto, la provincia con más paro del país, con entorno al 25%) o la vida de las familias yemeníes. Una elección demencial, pero, ante todo, una elección falsa. No podemos tomar esa decisión, nos negamos a aceptarlo. Es un chantaje de un sistema asesino que trata de convencernos de que existen soluciones individuales a problemas colectivos.
Más allá de todo esto, cuando hablamos de Navantia, hablamos de una empresa de titularidad pública, una empresa que para más inri genera pérdidas. Como refleja en un artículo de Público2 Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Navantia perdió en 2016 230 millones de euros, 730 en los últimos diez años. De modo que, ¿la construcción de estas 5 corbetas también nos saldrá a deber? ¿Se le está vendiendo muerte a Arabia a costa del erario público? En cualquier caso, la reconversión de la actividad productiva de Navantia es algo que parece no plantearse. Se ha invertido dinero público en rescates bancarios, en rescatar autopistas privadas, en exenciones fiscales o en rebajar las cuotas pagadas a la Seguridad Social por parte de las empresas, pero para esto no hay dinero. Ni dinero, ni ganas. La izquierda institucional y los grandes sindicatos parecen no querer romper con la supuesta dicotomía trabajo-guerra. Alternativas de reconversión existen, como las planteadas por Ecologistas en Acción en base a diferentes actividades productivas como la deconstrucción naval o la producción de componentes para obtener energía eólica off shore3. La receta no es perfecta, como es lógico. Este sistema nos obliga a tragarnos contradicciones varias, pero siempre será mejor que vender muerte.
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1Para una mayor aproximación a este conflicto bélico, os recomendados un artículo que publicamos hace ya casi tres años (www.todoporhacer.org/yemen-en-el-centro-de-la-tormenta-de-oriente-medio-algunos-elementos-para-acercarse-al-conflicto/)
2blogs.publico.es/cronicas-insumisas/2018/09/11/obreros-armas-y-arabia-saudi/
3www.ecologistasenaccion.org/?p=90309