Durante los pasados meses de octubre y noviembre hemos podido ver en la prensa un goteo de noticias sobre los intentos de decenas de personas de cruzar las fronteras españolas embarcándose en el estrecho o tratando de saltar la valla en Ceuta y Melilla.
La última semana de octubre los medios hablaban de una nueva “ola de pateras” que dejaba 23 personas muertas, nueve de ellas encontradas en las costas de Marruecos el día 24, procedentes de distintas embarcaciones, y las otras 14 fallecidas en el naufragio de una zódiac el día 25, en el que además desaparecieron otras cuarenta personas.
Los/as fallecidos/as en el naufragio fueron enterrados/as en el cementerio de Motril (Granada), en nichos anónimos sin inscripción ni lápida, sin más que una pegatina en el ataúd mostrando su nº de cadáver y fecha de la muerte.
Por otra parte, 15 de los/as 17 supervivientes que fueron rescatados por Salvamento Marítimo fueron trasladados/as al centro de “detención y primera asistencia” (¿la detención como primera asistencia?) del puerto custodiados por la policía, hasta que el Juzgado decretó su ingreso en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Tarifa (Cádiz), donde legalmente pueden permanecer hasta 60 días encerrados/as. Las otras dos personas eran una mujer embarazada de tres meses, que fue ingresada en el hospital, y una menor de edad (según las pruebas oseométricas a las que la sometieron), que fue ingresada en un centro de menores de Granada.
Es tan solo un ejemplo de entre tantas historias similares provocadas por la miseria que lleva a cientos de personas a buscar un nuevo lugar de residencia simplemente por supervivencia, aunque el riesgo y el precio a pagar salgan caros. Y entretanto, los medios se regodean en el morbo peliculero de los heroicos rescates y alaban la labor de los equipos de salvamento, sin entrar a valorar (que eso ya vende menos) lo que pasa a continuación con las personas “rescatadas”.
Esa es la otra cara de la moneda. Tras el rescate llega el encierro, la respuesta del Estado para quienes le sobran, para quienes no tienen lugar en la economía del país y por tanto no merecen ser tratados/as como personas. Quienes logren entrar sin ser “rescatados/as” desde el primer momento, se encontrarán con el racismo institucional que les niega el derecho a la sanidad, la posibilidad de conseguir un trabajo legal (como si esto no fuera suficientemente difícil de por sí) y tantas otras cosas; sufrirán a diario el acoso policial en todas sus formas, entre ellas mediante las redadas racistas, y, en fin, serán perseguidos/as, encerrados/as y finalmente devueltos/as a la miseria de la que vinieron huyendo, por el simple hecho de no tener dinero.
Y mientras el Sindicato Unificado de Policía se lamenta de que “no dan abasto con la tramitación de los expedientes de expulsión de los indocumentados” y que necesitarían más personal para poder “atender esta situación”, no vaya a ser que se les acaben los plazos y se vean obligados/as a dejar en lo que llaman “libertad bajo propuesta de expulsión” a tanto/a sin papeles.
La gota que colma el vaso llegó a mediados de noviembre con el anuncio del gobierno de que planea conceder el permiso de residencia a los/as extranjeros/as que compren una vivienda por importe superior a los 160.000 euros, con la intención, según argumentan, de dar salida a la enorme cantidad de viviendas de nueva construcción que continúan a la espera de comprador. Y no, no parece que les dé ninguna vergüenza lanzar tamaña pedrada, ni por el carácter innegablemente discriminatorio de la medida, ni por los miles de personas que se están quedando en la calle por no poder pagar su vivienda mientras todo ese stock “espera comprador”. Pero lo que no es novedad y no todo el mundo sabe es que ya con la legislación actual, si un/a extranjero/a tiene unos ingresos mensuales de unos 2.100 euros y quiere vivir en España sin trabajar, se le concede un permiso de residencia temporal. Ahí está la diferencia entre unos/as y otros/as y el principio que defiende y protege la Ley de Extranjería: si tienes dinero puedes vivir donde te salga de la cartera, pero si eres pobre prepárate para el recibimiento y la hospitalidad del “Primer Mundo”.
¿Para quién son las cárceles?
El pasado 23 de noviembre el Consejo de Ministros concedió por segunda vez el indulto a los cuatro Mossos d’Esquadra que fueron condenados a penas de hasta 4 años y medio de cárcel por torturar a Lucian Paduraru, un joven de nacionalidad rumana. Tras serles concedido en mayo un primer indulto parcial por el que se les reducía la pena a dos años (lo que suele implicar que, sin antecedentes, se suspende la condena), la Audiencia de Barcelona decretó no obstante su ingreso en prisión. Ahora, el gobierno les conmuta la pena de prisión por una multa diaria de 10 euros durante dos años.
Personas que no han cometido ningún delito sino estar indocumentadas (una falta administrativa) son encerradas sistemáticamente. Policías torturadores condenados a prisión son perdonados por aquellos/as a quienes sirven. ¿Para quién son las cárceles? ¿Para quién son las leyes?
Video: Vuestra ley, vuestra trampa