Pederastia en la Iglesia: España no mirará debajo de la sotana

El inicio del año 2022 trajo consigo dos grandes noticias relativas a las relaciones entre el Gobierno de España y la Iglesia católica.

La primera fue que, después de que se hubiera descubierto que la Iglesia había inscrito a su nombre 956 inmuebles que no le correspondían, a finales de enero el Gobierno y la Conferencia Episcopal celebraron una cumbre en la que se acordó su devolución. Muchos medios progres lo vendieron como una victoria del Ejecutivo socialista, con Pedro Sánchez poniéndose firme frente a la Iglesia pero, al hacerlo, obviaron la letra pequeña del pacto: los más de 100.000 bienes inmatriculados por la Iglesia desde 1946 sin demostrar, en ningún momento, su propiedad – y, en particular, los 34.000 inmuebles registrados entre 1998 y 2015, después de que el Gobierno de Aznar reformara la Ley Hipotecaria –, han quedado legalizados.

La segunda noticia, salvando las distancias, muestra unos ciertos paralelismos con la primera, en tanto que parece que el Gobierno está pidiendo una rendición de cuentas a la Iglesia, pero en el fondo no hace más que apuntalar sus privilegios. Se trata del anuncio de que el Ejecutivo de Sánchez ha decidido comenzar una investigación contra los abusos sexuales cometidos en el seno de esta organización religiosa.

La investigación a la Iglesia: tardía e insuficiente

A priori, suena bien que por fin se vayan a investigar los terribles casos de violaciones y pederastia que se han dado en la Iglesia. Es imposible saber el número de casos que se han producido, pero cualquiera que haya visto la genial película Spotlight (Tom McCarthy, 2015) recordará que existen numerosos estudios que sugieren que entre un 6 y 7% de los curas podrían ser pederastas y un 80% de sus víctimas, masculinas. Unos datos escalofriantes, pues se traducen en miles y miles de vidas destrozadas, condicionadas para siempre por las agresiones sexuales que sufrieron.

Pero esta investigación hay que cogerla con pinzas. Primero, porque llega muy tarde y la mayoría de los casos que han salido a la luz ya se encuentran prescritos, por lo que no habrá rendición de cuentas. Que se lo digan al escritor barcelonés Alejandro Palomas, cuyos espeluznantes testimonios nos revolvieron el estómago y, pese a ello, su denuncia contra su abusador ha sido archivada por prescripción. “Él paró el coche en una riera. Se bajó y se sentó conmigo en la parte de atrás. Estando yo estirado, me puso la cabeza en sus rodillas«, contó. «Me bajó los pantalones, los calzoncillos y me quedé sin nada. Entonces intentó masturbarme a la vez que él se masturbaba debajo de mi cabeza. Esa vez terminó, se corrió y se puso de mal humor. ‘¡Ves lo que me has hecho hacer!’, me dijo. Se cabreó, me metió en el coche y me llevó a casa”.

En segundo lugar, porque la investigación, en vez de llevarse a cabo en una comisión pública – algunos partidos propusieron una comisión parlamentaria – será dirigida por el Defensor del Pueblo, Miguel Ángel Gabilondo (quien tiene un pasado religioso que lleva a varias víctimas a desconfiar de él), lo que nos lleva a presumir que será a puerta cerrada. Pese a ello, el PP y Vox votaron en contra de que se realizara cualquier tipo de investigación y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció que el objetivo de este tipo de comisiones es “borrar del mapa a los católicos”.

En tercer lugar, y esto quizás es lo más importante, la Iglesia parece que no va a colaborar. Al menos, no plenamente. Según los acuerdos del Reino de España con la Santa Sede de 1979, sus archivos son secretos e inviolables. Éste es el principal escollo para la investigación, ya que será difícil determinar la responsabilidad exacta de los líderes eclesiásticos sin acceder a todos sus documentos internos. Esta resistencia a compartir toda su información difiere de la estrategia que se ha seguido en países como Alemania y Francia, donde la comisión de investigación ha sido impulsada por la propia Iglesia. Esto supuso que en Alemania, se reveló que más de 1.600 sacerdotes habían abusado de 3.600 menores hasta 2004 y que el Papa emérito Benedicto XVI había tenido conocimiento de los abusos cometidos entre 1977 y 1982 y no había hecho nada. En Francia, un informe publicado en 2021 expuso que más de 330.000 personas habían sido víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y señaló con el dedo a 3.000 religiosos.

Por su parte, la Iglesia española, sintiendo la presión pública, anunció el pasado mes de febrero que había contratado a un gran despacho de abogados, no para que investigara los hechos, sino para que hiciera una auditoría sobre cómo la institución había gestionado los abusos y para que revise sus protocolos.

Por último, nada se ha propuesto para que la Iglesia se haga cargo de los casos que sí llegan a juicio y resultan en condenas. Y es que, de las 30 sentencias condenatorias contra sacerdotes que se han producido desde el año 2010, solo en 4 ocasiones se ha considerado a la organización religiosa de los católicos responsable civil y ha sido condenada a indemnizar a las perjudicadas.

Sin duda, Gabilondo terminará por producir un documento escalofriante, se hablará durante un tiempo de lo terrible que ha sido todo, las víctimas encontrarán algo de confort en que se les dé voz… pero nada cambiará. Los privilegios de la Iglesia seguirán igual y seguirá habiendo violadores con sotanas campando a sus anchas.