Poder popular frente al gobierno

De la mano de la página web Regeneración Libertaria, os traemos una serie de artículos escritos por Liberty Cravan sobre la lucha por la educación y por las condiciones laborales de los/as maestros/as en México, que se remonta a 2012, con el intento de reforma liberal de Peña Nieto. En estas páginas condensamos dos de los artículos que podéis encontrar en www.regeneracionlibertaria.org, y os animamos a permanecer atentos /as a la publicación de la tercera y cuarta entregas.

Tres años de lucha magisterial por una educación democrática en México

Los maestros mexicanos organizados en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevan tres años de lucha ininterrumpida contra la reforma educativa impulsada por el gobierno mexicano. Después de meses de huelga, la CNTE ha vuelto a las clases para educar a los jóvenes de su pueblo en Chiapas y Oaxaca.

Aprovechan para reorganizarse y aumentar su presencia en otros estados: Michoacán, Puebla o Guerrero… y para consensuar una reforma democrática de la Educación en México, mediante un foro que está tendrá lugar en estos últimos días de septiembre.

La lucha de la CNTE se da en un contexto en el que la mayoría de sindicatos han sido derrotados, y la lucha por la educación supone el enfrentamiento de dos modelos políticos para el país: El modelo democrático defendido por la CNTE y el modelo neoliberal que pretende imponer el gobierno. Pese a la violencia del gobierno, que en junio de este año asesinó a 11 personas en los enfrentamientos que tuvieron lugar en Nochixtlán, el pulso no ha acabado. La CNTE vive y la lucha sigue y sigue.

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La reforma de Peña Nieto

El presidente Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se reunió en 2012 con los líderes de los principales partidos políticos de la oposición (PAN y PRD) para firmar el Pacto por México, un acuerdo político firmado por las cúpulas de los partidos que asentaba transformaciones estructurales de carácter neoliberal en aspectos como la educación, la economía o la justicia entre otros.

La reforma educativa, desde el principio negociada a espaldas de los sectores afectados, se encuentra con la oposición no sólo de la sección disidente del sindicato de maestros, la CNTE, sino también de amplios sectores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Este sindicato, nacido como una organización corporativa en los años 40 y desde hace años cooptado por el PRI, es el mayor sindicato de Latinoamérica (con una afiliación aproximada de millón y medio de trabajadores y trabajadoras). Los maestros entienden la reforma como una declaración de guerra del gobierno contra la educación pública, contra el sindicato y contra ellos mismos como maestros.

La reforma educativa, lejos de transformar los contenidos educativos o de mejorar los métodos pedagógicos, parte de una visión muy limitada y mercantil de la educación y se centra en cuestionar en el trabajo de los maestros. Las medidas se encaminaban a minar la fuerza de los sindicatos magisteriales. Por ejemplo, eliminaba la influencia de los sindicatos de maestros sobre la contratación en las escuelas normales y permitía a cualquier licenciado optar a un puesto de maestro, sin necesidad de aprobar el magisterio. En el centro de la misma destaca una evaluación del educador, una reválida centralista que cuestiona la validez del magisterio para educar.

Este verano, el grupo académico asesor de la CNTE se posicionaba así: “Lejos de propiciar mejores condiciones para el trabajo de los docentes, para el desempeño de los estudiantes o, en síntesis, para lograr un ‘México con educación de calidad’, como plantean los documentos gubernamentales, la política educativa ha generado una enorme incertidumbre laboral, así como un muy desfavorable entorno educativo para la niñez y la juventud”.

La respuesta del gobierno a la oposición que ha despertado su reforma ha sido la de impedir la negociación y militarizar el conflicto. Es importante mencionar que el sexenio de Peña Nieto en el poder ha estado marcado por la violencia, la corrupción y la impunidad en todos los niveles del gobierno, con el caso paradigmático de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

Reivindicaciones populares y el desarrollo del conflicto

A finales de 2015, los maestros se veían obligados a pasar el test de evaluación contenido en la reforma de Peña Nieto. En Oaxaca, los alrededores del centro de evaluación se asemejaban a un escenario de maniobras militares, con 10.000 policías federales desplegados para asegurar que la evaluación tenía lugar. Esta imagen resume la respuesta del gobierno ante el conflicto: la imposición autoritaria de la reforma y la militarización frente a la protesta.

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La respuesta armada ha sido la tónica general en la actitud del gobierno desde el comienzo. El 11 de septiembre de 2013 se publicaban las leyes que concretaban la, como dicen los maestros, mal llamada reforma educativa. La oposición se concretó en diversas huelgas, marchas y un plantón de cinco meses en el zócalo de la capital liderado por la coordinadora. Dos días después, el 13 de septiembre, ese plantón era violentamente desalojado por la policía federal.

En febrero de 2013 la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, es detenida acusada de apropiación de dinero del sindicato y de organización criminal. Durante años, Gordillo había continuado con la labor de sus antecesores de mantener la lealtad del sindicato al PRI, con bastante éxito salvo en Oaxaca o Chiapas, e incluso había ganado notoriedad como figura política. Sin embargo, Gordillo pasó a criticar la reforma educativa que se había hecho a espaldas de la SNTE.

Los cargos sobre Gordillo se han ratificado posteriormente. Sin embargo, la corrupción es desgraciadamente común en la burocracia mexicana. Los motivos de la detención son meramente políticos, como resultado de oponerse al PRI y a la reforma. Este movimiento político-judicial para desactivar a la SNTE no toma en cuenta a la CNTE, que tomará el relevo de la lucha. Si bien posteriormente el gobierno jugará las mismas cartas deteniendo a líderes de CNTE acusados de corrupción, el impulso de lucha se encontrará mucho más avanzado y esta actuación no llegaría a tener el efecto desmovilizador esperado por el gobierno.

Durante todo el conflicto, los plantones de la CNTE en el DF y otras ciudades serán constantes, moviéndose entre el Zócalo, el Monumento a la Revolución, la Avenida Reforma o la Plaza de la Ciudadela. Las tiendas de campaña y las lonas constituirán una seña de identidad del movimiento, como parte de una estrategia de visibilidad y presión a las autoridades.

Durante el curso escolar se combinan paros con estrategias diversas de presión, se moviliza a maestros de la SNTE y se logran algunas demandas de financiación, apertura de negociaciones, reconocimiento de antigüedad laboral a pesar de la evaluación y mantener algunos de los derechos de los normalistas, si bien la reforma no se detiene. marcha_cnte_-7-e1465823204922-960x500-620x350
El conflicto se destensa y no se convocan huelgas para el inicio del curso siguiente, pero las acciones continúan, destacando un plantón rotativo por todo México y el sonado ataque a una sede del PRI en Oaxaca.

El 26 de septiembre tiene lugar la matanza de Iguala, Guerrero. Policías municipales atacan a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, matan a 9 personas y desaparecen a 43 estudiantes. La Asamblea Nacional Representativa de CNTE, dos días después, se ve sacudida por el suceso e incorpora la lucha contra el terrorismo de Estado a sus demandas sobre la Educación Pública. Así, las acciones continúan, a partir de este momento impregnadas por la lucha en solidaridad con los desaparecidos.

En junio de 2015, la CNTE amenaza con boicotear el proceso electoral si no se suspende la evaluación a los maestros y se negocia la reforma. Llama a evitar la colocación de urnas para los votantes en 11 entidades, lo que se suma al constante bloqueo de caminos y carreteras, e incluso el aeropuerto de Oaxaca y varias gasolineras. Esta amenaza logra que se retrase indefinidamente la evaluación magisterial prevista para ese mismo mes.

En la negociación con la secretaría de gobernación finalmente se logran algunas concesiones: la SEGOB se compromete a garantizar el pago a los maestros y el mantenimiento de sus puestos, establecer mesas de trabajo sobre la propuesta de reforma educativa de los maestros, profundizar la investigación sobre los desaparecidos de Ayotzinapa y respetar los derechos humanos en la actuación frente a los contingentes de la CNTE. No obstante, estas concesiones estaban lejos de lo reclamado por los maestros, por lo que el boicot a las elecciones se mantuvo y se saldó con fuertes enfrentamientos.
La SEGOB cortó las negociaciones hasta que se terminara la huelga y los maestros volviesen a clase.

La respuesta del gobierno vino en forma de liquidación del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, anteriormente bajo control de los maestros, y su reestructuración como organismo afín al gobierno.
Esta maniobra amenazaba con el despido de cientos de trabajadores y trabajadoras. Más tarde, a finales de 2015 la evaluación finalmente tenía lugar gracias a un fuerte dispositivo policial y con la negativa de muchos maestros a presentarse. De hecho, las formas autoritarias del gobierno en la imposición de la evaluación están llevando a más maestros a rechazar la evaluación.

En junio de 2016, la CNTE realiza un corte de carretera en Nochixtlán. En medio de la confrontación con la policía federal, se produce un enfrentamiento armado que deja un saldo final de 11 muertos, ninguno de ellos policía. La policía y el gobierno acusan a civiles armados de iniciar el tiroteo, si bien no existen imágenes de civiles armados y sí varios videos e imágenes que muestran a la policía utilizando fuego real.

Es importante remarcar el apoyo recibido por la lucha magisterial por parte de la sociedad, de las organizaciones indígenas y de la izquierda. En Oaxaca, la CNTE está íntimamente ligada a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), constituida en 2006 por distintas organizaciones sociales al calor de  otra rebelión de maestros, que elevaría las formas de lucha hasta lo que se llegó a llamar la Comuna de Oaxaca: barricadas, cierre de carreteras y constitución de ayuntamientos y policías populares. También el ejército Zapatista y el Congreso Nacional Indígena han comunicado su apoyo a la lucha de los maestros, animando “a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha magisterial, a organizarnos de forma autónoma para estar informados y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo”. El EZLN además  ha contribuido con ayuda material a la lucha, donando alimentos y fondos. El apoyo de estas organizaciones ha sido fundamental para desmontar toda la campaña mediática que el gobierno desató en contra de la CNTE. Finalmente, otra de las estrategias seguidas por el gobierno ha sido dividir y enfrentar a los sindicatos de la coordinadora. Así, planteaban hace unas semanas a las secciones de Chiapas una serie de medidas como el retraso en la aplicación hasta 2018, liberando a los presos y desactivando las órdenes de arresto. Una estrategia negociadora que se mezclaba con el desembarco de varios miles de policías y militares en el Estado de Chiapas. La respuesta ha sido la negativa de las secciones a negociar sin acuerdo de la Asamblea Nacional de la Coordinadora. Sin embargo, tras consultar a la coordinadora algunas de las medidas en Chiapas, que suponen el retraso indefinido de la aplicación de la reforma en este Estado, han sido aceptadas como parte de una estrategia de ejemplo movilizador.

En estos últimos días de septiembre, la CNTE acuerda la vuelta a clases, destensando una vez más el conflicto, tras haber logrado que el gobierno los reconozca de nuevo como interlocutores válidos para la negociación y que la reforma siga sin aplicarse de manera temporal en varios estados. Sin embargo, la lucha continúa, las negociaciones están abiertas, la Secretaría de Educación amenaza con despedir a los profesores que siguieron la huelga mientras la CNTE mantiene contactos con otros partidos como el PRD y Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) para llevar sus demandas al plano institucional. Dichas demandas serían: (1) Abrogación de la reforma educativa, (2) Justicia para las víctimas de Nochixtlán y (3) Estabilidad laboral y defensa del normalismo. Y, por supuesto, que aparezcan los 43 normalistas de Ayotzinapa, habiendo transcurrido ya dos años de su desaparición.

La virulencia mostrada por el gobierno no es de extrañar si se entiende que la lucha contra la reforma educativa es la punta de lanza para detener la aplicación de los acuerdos neoliberales recogidos en el Pacto por México y que han recibido el rechazo constante de buena parte de la sociedad mexicana. En juego está el futuro político y económico de México, así como la legitimidad del gobierno.

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