Hace trece años, cuando más se notaban los efectos de la crisis económica (paro, precariedad, recortes, etc), el 15 de mayo de 2011 tomamos las calles bajo el lema “No somos mercancía en manos de políticos y banqueros” y acampamos en Sol. Tras las acampadas y manifestaciones masivas, las asambleas de barrio abordaron a nivel local varias de las problemáticas del momento, como las redadas racistas, la corrupción y, muy en particular, los desahucios y el problema de vivienda. Así, lo que quedaba del 15-M se terminó por fusionar con las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH) que nacieron en 2009 y con los coletazos del movimiento V de Vivienda que tomó las calles de las grandes ciudades en 2006 y 2007 en lo que se conoce como el movimiento de vivienda.
Los desahucios y el precio de la vivienda no paran de crecer
Sin embargo, en estos trece años, pese a que han proliferado PAHs, asambleas de vivienda, sindicatos de barrio, grupos de Stop Desahucios y sindicatos de inquilinas por toda la geografía estatal y a pesar a los miles de desahucios parados por la acción directa de las vecinas, el problema de acceso a la vivienda digna no ha hecho más que empeorar. O, dicho de otra manera, la crisis se ha hecho crónica. Por un lado, más de 1,7 millones de personas han perdido sus casas, produciéndose la mayor cantidad de desahucios no durante los peores años de la crisis, sino en los años posteriores (2012-2019), que eran de supuesto crecimiento de la economía. Por ejemplo, según el Consejo General del Poder Judicial, en el segundo trimestre de 2024 se produjeron 7.850 desahucios (cifras que duplican a las de 2008). Por otro lado, el precio de la vivienda a la venta y, sobre todo, en alquiler, ha alcanzado máximos históricos (resulta significativo que de los 7.850 desahucios en tres meses de 2024, 5.754 se han producido por impago del alquiler).
En julio de este año, El País publicaba un estudio comparando el precio de la vivienda en 2024 con el de 2011, el año en el que, fruto de la crisis, se encontraba más bajo. Concluye que los alquileres han crecido más de un 40% en Madrid y Barcelona, cerca un 60% en Málaga, un 66% en Valencia y se han duplicado en Baleares.
¿Por qué suben los alquileres?
Las causas de la subida de los precios son muy variadas. Existen factores económicos y sociológicos, como un aumento de la demanda de alquiler como fruto del crecimiento económico. Pero lo más determinante es el cambio de modelo en las relaciones de arrendamiento: cada vez más arrendadores son empresas o fondos buitre y más arrendatarios lo son de temporada (turistas, estudiantes o directivos de empresas). Y este debe, en parte, a la actividad legislativa en forma de reformas del PSOE y del PP, que siempre han buscado proteger a los rentistas frente a las inquilinas. Por ejemplo, el Ejecutivo de Zapatero (al que ahora parte del electorado pretende recuperar como un gran izquierdista e ignorar sus políticas neoliberales) en 2009 creó diez juzgados de primera instancia para “disponer de más medios materiales para facilitar los desahucios” y supuso una reducción de los plazos procesales y una aceleración de los trámites de desahucio. En 2011 Rajoy facilitó más aún los desahucios y en 2013 aprobó la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que reformó la Ley de Arrendamientos Urbanos para ajustarse a las peticiones de las Socimis (empresas que se dedican en un 80% al alquiler, con un capital mínimo de 5 millones, que están exentas de pagar el Impuesto de Sociedades y cuentan con una exención del 95% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). Esta reforma facilitó que diversos fondos de inversión se hicieran con una buena parte del parque de vivienda y que fácilmente puedan manipular los precios al alza. Porque saben perfectamente que la gente tiene que tener una casa en la que vivir, por lo que seguirán pagando un alquiler pese a que éste suba y recortarán sus gastos en otras cosas.
En segundo lugar, en 2012 aterrizó Airbnb en España – a quien siguieron otras plataformas de alquiler turístico – y buena parte de la vivienda en alquiler pasó de destinarse a personas o familias que buscaban una casa en la que vivir, a turistas que están dispuestos a pagar más por unos días de vacaciones y desfase en nuestras ciudades.
13 de octubre: Manifestación histórica
Hartas de no poder encontrar una vivienda decente en la que vivir, de ver cómo expulsan a nuestras vecinas de sus casas y de cómo unos pocos se están lucrando con un bien de primera necesidad, en los últimos meses se han dado, en diversos lugares, grandes manifestaciones contra el precio de los alquileres o contra la turistificación de nuestras ciudades. La más grande tuvo lugar en Madrid el pasado 13 de octubre, donde entre 100.000 y 150.000 personas, convocadas por el movimiento de vivienda, tomaron el centro de la capital. A riesgo de equivocarnos, creemos que se trata de la manifestación más grande por la vivienda digna desde la Transición. Una semana después, otra protesta de unas 15.000 personas recorrió València y culminó con una acampada que, en el momento en el que escribimos estas líneas, sigue resistiendo.
Estas manis han señalado tanto a los rentistas como al Gobierno progresista que lleva seis años en el poder sin hacer nada por bajar los precios. “Vengamos de donde vengamos, seamos quienes seamos, o tengamos lo que tengamos, necesitamos un techo. Pero vemos a rentistas (de bancos y fondos a pequeños inversores y caseros) hacer negocio con las viviendas. Pagamos sus beneficios con nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento. La mitad o más de nuestro sueldo todos los meses. Nuestras vidas importan menos que su negocio. Hacemos ricos a los ricos. La vivienda no podrá ser algo garantizado para todo el mundo mientras siga siendo un negocio, una mercancía. Esto se tiene que acabar”, reza un comunicado del Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Las demandas del movimiento pasan por prohibir el alquiler turístico, prohibir la compra de vivienda con fines especulativos, subir los impuestos sobre la vivienda vacía, a las socimis y a los fondos de inversión, modificar la LAU para que los contratos de arrendamiento sean por tiempo indefinido, aprobar una moratoria a la construcción de casas hasta que se ocupe toda la vivienda vacía, aumentar el parque público de vivienda, despenalizar la okupación de viviendas vacías, ilegalizar las empresas de desokupación, topar los precios del alquiler y expropiar a fondos buitres y a la SAREB. Todo ello son medidas concretas, nada utópicas, que contribuirían enormemente a poner fin a la crisis perpetua de vivienda que atravesamos.
El Gobierno escucha… a los rentistas
Los partidos que nos gobiernan (PSOE y Sumar/Más Madrid), así como los que se encontraban en el Ejecutivo hasta 2023 (Podemos), grandes responsables de la crisis de vivienda, tuvieron la desfachatez de acudir a la manifestación del 13-O (una movilización que, entre otras medidas, pedía la dimisión de la ministra de vivienda), lo cual obligó al movimiento de vivienda a crear un “bloque crítico” en su propia mani, para marcar distancias con los políticos que habían acudido para hacerse selfies.
El 14 de octubre, el presidente Pedro Sánchez compareció ante los medios, asegurando que se sentía interpelado por la histórica movilización y anunció, como medida estrella para atajar la crisis, “una partida de 200 millones de euros en bonos para alquiler joven y un nuevo reglamento contra el fraude en contratos de alojamiento turístico y de temporada”. Si no se topan los precios del alquiler, la de los bonos se trata de una medida absolutamente ineficaz, ya que ese importe se lo puede quedar directamente el arrendador mediante subidas de la renta a sus inquilinas. Y es algo que saben que se pueden permitir porque, debido en parte al mencionado proceso de turistificación de nuestras ciudades, la oferta de vivienda fija y estable es inferior a la demanda.
El 22 de octubre Sánchez convocó a los sindicatos de inquilinas y a la patronal inmobiliaria a una reunión en La Moncloa, pero las organizaciones de vivienda se negaron a acudir. “No vamos a hacernos una foto con la patronal inmobiliaria porque no podemos esperar ninguna solución de los culpables del problema. No se invita a las tabaqueras a diseñar la Estrategia Nacional contra el cáncer y no se invita a los rentistas a discutir la política de vivienda”, explicaron en un comunicado. “Esta propuesta de reunión demuestra que Pedro Sánchez ha hecho oídos sordos al mensaje de la gente que llevamos años ahogadas por culpa de la especulación inmobiliaria. Las patronales bancarias y de la construcción llevan 40 años dirigiendo las políticas de vivienda en España, y escucharles solo servirá para engordar sus beneficios y empobrecer más a la mayoría social”.
¿Un 15-M por la vivienda?
En las últimas semanas hemos leído algunos editoriales en medios de izquierda como Público y Canal Red que se preguntan si estamos ante el germen de un 15-M por la vivienda. Estas piezas resaltan algunos elementos comunes entre las manifestaciones de vivienda y el 15-M, como la juventud de quienes promueven las protestas, la desesperante sensación de encontrarnos ahogadas y sin salida que impera, la desconfianza generalizada en los políticos, o la acampada que se ha iniciado en València, por citar algunos ejemplos.
Sin embargo, entre las personas más jóvenes que participan en el movimiento de vivienda existe mucho escepticismo hacia lo que representó el 15-M: un gasto de energías a cambio de victorias escasas, un gran número de activistas que apostaron por una vía institucional (varias compañeras de asambleas de barrio se integraron en Sumar y Podemos) que traicionó la esencia del movimiento, un ascenso de la extrema derecha ante la falta de valentía de las izquierdas y un reforzamiento de las instituciones represivas (blindar a la policía, aprobar la Ley Mordaza, reformar el Código Penal, etc). No recuerdan esa época con romanticismo, ni épica, por lo que más que un 15-M, parece que la propuesta que está cogiendo más fuerza es la de la huelga de alquileres.
Hacia la huelga de alquileres
La huelga de alquileres se ha referenciado muchas veces como curiosidad histórica (en este medio hemos escrito sobre la que tuvo lugar en Barcelona en 1931 en nuestro apartado de “memoria histórica”) y no con materialidad presente. Durante la crisis sanitaria y social de la Covid-19 se produjeron algunas experiencias en este ámbito, pero su desarrollo no ha sido suficiente para desequilibrar el actual escenario. Al menos, hasta ahora.
Actualmente diversos colectivos que pertenecen al movimiento de vivienda se encuentran calentando motores para llevarlo a la práctica y desbordar económicamente a grandes fondos, a pequeños propietarios y a “empresas de alquiler seguro” que garantizan el pago de la renta. Es una propuesta para afectar directamente a sus beneficios, en la que pueden ser parte activa amplios sectores, que delimita claramente los intereses y facciones contrapuestas en este conflicto y que saca la lucha de los pasillos de la política institucional para llevarla a nuestro propio escenario. Una propuesta inspirada por ejemplos de lucha históricos, pero también recientes, como la huelga de cuidados del 8M de 2018 y 2019.
“Ante un enemigo diverso pero con un objetivo común, no sólo formado por grandes capitales agrupados en fondos, entidades bancarias y empresas del sector, sino también por un elevado número de “pequeños” propietarios que a título individual acumulan 3, 5, 7 ó 10 viviendas como fuente de ganancia, es necesario una acción colectiva dirigida contra el conjunto en su totalidad, siendo la huelga de alquileres una posible, como lo deben ser otras”, escribíamos en este periódico hace un año. Parece que estamos más cerca que nunca de que esto sea así.