Presencia policial y planificación urbanística: las nuevas herramientas de control social al servicio del poder en Lavapiés

El pasado 18 de junio, Cristina Cifuentes, la Delegada de Gobierno en Madrid, anunció que “está ultimando la puesta en marcha del Plan de Mejora de la Seguridad y la Convivencia en Lavapiés, que no solamente va a englobar un incremento de la actuación policial sino que busca la ‘reinserción’ del barrio madrileño para que no se convierta en un ‘gueto’”[1].

El plan anunciado tiene dos partes: (1) Por un lado, incrementar la presencia policial mediante un aumento “de la vigilancia a pie y motorizada, tanto a cargo de agentes uniformados como de paisano, intensificando además la coordinación policial” y, (2) por otro, revitalizar el “barrio mediante iniciativas que no sólo deben incluir medidas para la rehabilitación arquitectónica, sino también para la mejora de la integración social y la dinamización económica”[2].

Esto, en definitiva, quiere decir que la Sra. Cifuentes busca aumentar el control social de la población de Lavapiés, un barrio en el que, según ella, “en este momento la Policía tiene ‘dificultades’ para ‘intervenir’ como consecuencia de la ‘actuación de determinadas personas que se autodenominan brigadas vecinales’ y que ‘en ocasiones’ lo que hacen ‘es impedir la propia actuación de la Policía frente a los delincuentes habituales que puede haber en el barrio’”[3]. En otras palabras, pretende incrementar el conjunto de prácticas destinadas a mantener el orden establecido en la sociedad a través de las instituciones, leyes, los medios de represión y el control espacial.

Control social basado en relaciones espaciales: el control social urbano

Por control espacial entendemos el conjunto de prácticas y saberes destinados a implementar medidas de control social en el plano físico, es decir, sobre el territorio. El fin último de estas técnicas no es otro que el de disciplinar los cuerpos por medio de las configuraciones espaciales y territoriales. De esta manera, y por medio de las diferentes formas en que se puede articular cualquier entramado espacial, se pretende (re)conducir los comportamientos, actitudes, actividades y relaciones interpersonales de una población dada (Lavapiés, un céntrico barrio de Madrid) hacia determinados fines u objetivos considerados deseables por la Administración y los agentes ordenadores del territorio.

En las ciudades, últimamente asistimos a lo que se denomina polarización espacial: el espacio no es solo un medio de control, sino también un recurso para la economía capitalista y financiera para generar valor económico. Por ello, es fundamental para la Administración del territorio controlar el espacio si quiere generar valor económico.

¿Y cómo se hace esto? Pues en primer lugar, generando miedo entre la población. Es necesario infundir el temor y que cunda el pánico para que los/as habitantes de una zona, atemorizados/as, no vean otra salida que la de recurrir a un gobierno (local, comunitario o nacional) que, de forma paternalista y protectora, acude en su defensa. Las declaraciones de la Delegada de Gobierno, cuando afirma que en Lavapiés existen “delincuentes habituales que hacen imposible la convivencia entre los vecinos” y que determinados espacios son un nido de antisistema “muy radicales” y peligrosos, van en esa línea. Esta táctica se ve reforzada por la labor de los medios de comunicación que escriben noticias acerca de la pésima situación que atraviesa el barrio y la insoportable tensión que se vive en él[4].

No es que esta tensión no exista. En parte, está allí, presente y latente, si bien a menudo es exagerada por los medios. Sin embargo, lo que no se dice nunca es que esta tensión ha sido en gran parte inducida y promovida por la policía, con actuaciones como la de disparar dos tiros al aire en la calle Amparo a finales de mayo de este año[5] o las más que conocidas redadas a habitantes del barrio en función del color de su piel[6]. Esto viene acompañado de una notable disminución de la inversión pública en asuntos sociales o recortes sociales importantes[7], la cual es inversamente proporcional al gasto en seguridad, al sentimiento de riesgo percibido y al desarrollo de tecnologías de seguridad.

Estos fenómenos, finalmente, están terminando por generar un verdadero apartheid espacial.

Tras implantar el miedo en la población y, como consecuencia, incrementar la presencia y el poder policial en los barrios llamados “conflictivos” (o “barrios de supresión”)[8], el siguiente paso a dar es el de expulsar de estas zonas a sus habitantes considerados/as de tercera. Si el gobierno quiere disponer de esos espacios para generar riqueza en ellos, no pueden estar a la vista del público general – entendiendo por “el público” los/as consumidores/as del producto final que se está elaborando – colectivos de personas marginales y “poco agradables” para el resto de la población. Por ello, lo que procede ahora es expulsarles, alejarles de esa zona que se quiere “rehabilitar” y “revitalizar” e impedir que estén a la vista de la gente “normal”, es decir, de las clases media y alta.

Así, se pretende echar de Lavapiés a inmigrantes africanos/as y asiáticos/as, sintechos, drogodependientes, etc. y mandarles a los verdaderos guetos, los “barrios de contención”, concebidos para mantener en cuarentena problemas sociales que comportan riesgos tanto para el espacio como para la producción. Esto lleva a la exclusión de parias del espacio público y se cumple en el espacio el concepto de racismo del Estado: los habitantes de los barrios de contención no existen, están fuera de la comunidad. A este proceso de expulsión o desplazamiento de los habitantes de una zona a otra para facilitar el acceso de los más ricos se le denomina desde los años sesenta gentrificación (del inglés gentry, burgués, aburguesamiento o elitización).

Es importante subrayar que el proceso de exclusión de los “barrios de contención” es llevado a cabo no sólo a través del espacio, sino también de la proyección de las fantasías de las clases superiores hacia las clases peligrosas: cualquier mapa de cualquier ciudad debe reconocer la existencia de zonas oscuras, donde el imaginario social descarga sus fantasías. En Madrid esas zonas oscuras son las Barranquillas, la Cañada Real Galiana[9], Valdemingómez, etc.

Para expulsar a los “indeseables” de sus antiguos barrios se pueden usar múltiples tácticas: desde los desahucios (de los cuales se llevan a cabo hasta 159 al día[10]), hasta el acoso policial a drogodependientes, que eventualmente acudirán a otras zonas a comprar su próxima dosis[11]. También se llevan a cabo otras estrategias más sutiles, consistentes en dejar que sea el propio mercado quien lleve a cabo la expulsión mediante la elitización del barrio.

Finalmente, debido a este proceso, la metrópoli se transforma en un espacio constituido por diferentes miniciudades, donde un pequeño grupo de privilegiados goza del espacio y de los recursos comunes. El centro se convierte exclusivamente en un espacio de trabajo y de ocio-consumo, no en un lugar en el que estar, en el que vivir, en el que pasar el tiempo en la calle sin consumir.

Un ejemplo de esto último, en el que se puede apreciar cómo los espacios se reconfiguran en función de políticas públicas (que se implementan de acuerdo con paradigmas dominantes), es el de la ausencia de bancos – en los que sentarse – en las plazas nuevas que se construyen, como es el caso de la Puerta del Sol después de la faraónica obra de Gallardón en 2010[12]. ¿Qué interés tienen los/as nuevos/as arquitectos/as urbanísticos en eliminar los bancos de las ciudades? De esta manera desincentivan la reunión de personas en la vía pública (vecinos/as que se quejan de problemas comunes, chavales haciendo botellón, etc.) y quien se quiera reunir con sus amigos lo tendrá que hacer en una cafetería o un bar, comprando algo, puesto que no tendrá espacio para hacerlo en la calle. Además no pueden pasar la noche allí los/as sintecho, que se ven obligados a trasladarse a los barrios de extrarradio, en zonas marginadas lejos de la vista de las clases media y alta. Con esto y sin aglomeraciones de personas en la calle, la imagen de la ciudad se ve reforzada ya que, a los ojos de los turistas y de los/as consumidores/as madrileños/as, Madrid parece una ciudad cosmopolita, moderna y limpia, donde la gente no se reúne en las plazas y ensucia, sino que lo hace en cafeterías mientras consume. Los paradigmas dominantes son obvios: resulta preferible que nos limiten los bienes públicos y comunes (los bancos) en aras de proteger la estética de la ciudad, su imagen (sofisticada), la tranquilidad, el consumo y el comercio.

Una vez que la calle se convierte únicamente en un lugar de tránsito (de tu casa al trabajo y del trabajo al local de consumo de turno y de ahí de vuelta a casa) y no en un lugar en el que compartir experiencias con tus vecinos y amigos, el comercio de la zona se ve potenciado y, con ello, aumentan sus precios. Los precios de los alquileres subirán, así como el de los productos que se venden en sus comercios (que cada vez se dedican en menor medida a la venta de productos de primera necesidad e invierten en otros más caros e innecesarios). Finalmente, el sector más empobrecido del barrio terminará por emigrar, culminándose con él el proceso de gentrificación comenzado.

Concluyendo

En conclusión, consideramos que la intención de la Delegación de Gobierno es bien clara: Lavapiés es de los últimos barrios céntricos que faltan por modernizar y reestructurar. Pretenden acabar con la interacción de los vecinos en la calle para favorecer el comercio y el consumo. Para ello, se torna necesario eliminar de la vista pública a los sectores más desfavorecidos de nuestro barrio, que sufrirán en sus carnes el intenso control policial y la represión (en forma de sanciones, desahucios, detenciones, enjuiciamientos, encierro o expulsión del territorio nacional). De igual manera, los edificios en peor estado del barrio serán expropiados y derribados, siendo sustituidos por viviendas nuevas que, si bien serán más deseables que las infraviviendas que existen en la zona, también serán muchísimas más caras y se construirán con el enriquecimiento de grandes especuladores.

Convirtiéndose el barrio en un centro de consumo mayor que el que ya es, sus comercios se sofisticarán y modernizarán y con ello aumentarán los precios de las viviendas y los productos que se venden en el barrio.

Un barrio transformado, irreconocible, es lo que nos espera si no hacemos algo para pararlo.

Para más información acerca de otros procesos similares en Madrid, véase un estudio realizado por el Observatorio Metropolitano titulado “Gentrificación y Reestructuración del Espacio Social en Madrid”[13].