Privatización del agua, de Madrid a Cochabamba

diciembre 2011Guardado en: Luchas sociales

Hace dos meses, unas diez mil personas se manifestaron en Madrid, convocadas por la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y cuarenta asambleas de barrios y pueblos, contra la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de convertir el Canal de Isabel II en una Sociedad Anónima y de poner a la venta el 49% de sus acciones.

Con la excusa de garantizar el abastecimiento del agua y su calidad, mediante la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, en diciembre de 2008 la Asamblea de Madrid, con los únicos votos del Partido Popular, aprobó la captación externa de recursos económicos convirtiendo la empresa pública en una sociedad anónima y dando la posibilidad de comprar acciones a ciudadanos e inversores, lo que significará la entrada de empresas privadas en Canal de Isabel II.

Los/as manifestantes afirmaban que la privatización, lejos de ser “una oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños de su empresa de agua”, como afirmó Esperanza Aguirre, supone la entrega a las multinacionales de una empresa pública valorada en cuatro mil millones de euros, con más de ciento cincuenta años de historia, que tiene unos beneficios de sesenta millones de euros anuales y que da empleo a más de dos mil doscientos/as trabajadores/as. Denunciaban que poner en manos de multinacionales el Canal, y la sustitución del interés público por el privado, tendría como consecuencia un aumento de los precios, una disminución de las inversiones en el servicio y con ello de la calidad del agua, el fin de campañas de ahorro de agua por ser incompatibles con las lógicas mercantilistas de una empresa y la reducción de ingresos de la Comunidad de Madrid. Distintas asambleas populares de la Sierra de Madrid han denunciado que la venta del Canal, al conllevar la enajenación de grandes extensiones de terrenos, embalses y caminos puede suponer la limitación del acceso a importantes zonas de la sierra.

La conversión del Canal en una entidad con ánimo comercial comienza en los años ochenta, cuando se crean distintas sociedades participadas por ésta y se empiezan a externalizar servicios, pero es en 2002 cuando se consolida un sistema de gestión empresarial de la empresa pública. Es en este año cuando se crea un grupo empresarial de carácter mercantil, formado por unas treinta y cinco empresas, una parte importante de las cuales tiene accionariado privado, y se inicia la transformación del Canal en una empresa comercial de carácter transnacional que, a partir de entonces, diversifica sus actividades tanto sectorial como geográficamente actuando en Latinoamérica, concretamente en Colombia, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. Después de muchas denuncias locales por sus actividades depredadoras, el Canal fue condenado por el Tribunal Permanente de los Pueblos tras ser acusado de agresión cultural e invasión de territorios de pueblos indígenas y de la destrucción del medio ambiente y de los medios tradicionales de vida de aquéllos.

El negocio del agua en el mundo

El proceso de privatización del agua madrileña es uno más de los casos que, desde finales de los años ochenta, se están llevando a cabo de forma casi idéntica en todo el mundo. El mercado del agua es muy codiciado por las grandes transnacionales al ser un monopolio natural, donde no existe competencia ni riesgo, con clientes fijos, con altas tasas de ganancia y con liquidez inmediata. Esto, unido a la cada vez mayor escasez de agua en el mundo, hace más apetecible la inversión privada y la búsqueda de beneficios. Así, John Bastin, del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, una institución dedicada a la financiación de bancos, empresas, administraciones públicas y al apoyo a la privatización de empresas públicas, declaró que “el agua es la última frontera en infraestructuras que les queda a los inversores privados”.

Es en América Latina donde la mercantilización del agua se ha llevado a cabo con una mayor intensidad, pero también donde sus habitantes han respondido con más decisión a este proceso. En esta región del continente americano, el proceso ha sido impulsado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha impuesto la privatización de bienes y servicios públicos como condición para otorgar préstamos, algo a lo que los/as mandatarios/as locales no se han opuesto, aunque pocos/as han sido tan sinceros/as como el Secretario de Medio Ambiente y Agricultura mexicano Alberto Cárdenas, que en su día declaró: “que se pague el agua hasta que duela”. De estas políticas han salido beneficiadas empresas transnacionales de capital europeo, como las francesas Suez y Vivendi (que controlan dos tercios del negocio del agua mundial) y la alemana RWE-Thames. Además de estas empresas tradicionalmente vinculadas al negocio del agua, el gigante de los transgénicos Monsanto también ha “enfocado sus lentes aún más en los recursos del agua y de la tierra” porque, como explica la propia multinacional, «lo que estamos viendo no es la consolidación de compañías semilleras, es en realidad una consolidación de toda la cadena alimenticia. El agua es esencial para la producción alimenticia, como lo son las semillas y sin agua no es posible vivir. Monsanto está tratando de establecer control sobre el negocio del agua, empezando con India y México donde el agua escasea”.

A lo largo de estos años hemos podido comprobar en todos los lugares del mundo las consecuencias de la venta del agua a multinacionales. En América Latina este proceso se ha realizado, entre otros muchos lugares, en Argentina y Chile, donde gracias a la intervención de empresas de capital español, como las energéticas Endesa e Iberdrola, las constructoras ACS, FCC y Sacyr Vallehermoso y Aguas de Barcelona (propiedad de Suez y de La Caixa) y empresas públicas, como Aguas de Bilbao y el propio Canal de Isabel II (lo que demuestra que, pese a ser públicas, son empresas), las tarifas han aumentado entre un 100 y un 150%. Situación similar se dio en Sudáfrica, donde los fuertes aumentos de los precios del agua como consecuencia de la privatización hicieron que la población más pobre se viese incapaz de poder abonarla. Para reducir el riesgo de impago, a Suez se le ocurrió una idea muy sencilla: en Soweto, un barrio de mayoría negra de la capital, instaló medidores prepago para que, una vez se agotara la cantidad pagada por el usuario, se cortara el suministro.

Encontramos un ejemplo más claro de qué supone la privatización del agua y de que es posible combatirla en el caso boliviano. En el año 2000, siguiendo los dictados del FMI, BM y BID, se privatizó el servicio de aguas de la ciudad de Cochabamba, poniéndolo en manos de la multinacional Suez. Las consecuencias fueron nefastas para la población, zonas consideradas como no rentables económicamente quedaron desabastecidas, se prohibió el uso de de fuentes de abastecimiento de agua naturales y tradicionales en las zonas donde operaba la empresa, lo que tuvo graves consecuencias en una región de mayoría campesina e indígena y las tarifas aumentaron considerablemente. Ante esto, los/as bolivianos/as se movilizaron y, tras violentas manifestaciones que no pudieron ser controladas por la policía, tomas de carreteras y amenazas de asaltar la empresa, el Gobierno se vio obligado a rescindir el contrato que les unía con las empresas inversoras. La respuesta de Suez fue la de presentar una demanda contra Bolivia por los beneficios dejados de obtener pero, una vez más, la presión internacional obligó a la empresa a desistir de la demanda y a volver por donde había venido. Las movilizaciones de los/as habitantes de Uruguay, de Buenos Aires y Santa Fe en Argentina, y de La Paz en Bolivia también llevaron a la remunicipalización de la gestión del agua.

Europa no es extraña al afán de las multinacionales por hacerse con el agua. En París, en 1985, Suez se hizo con la concesión de la distribución del agua potable y tras quince años de gestión privada, ésta fue recuperada por el Ayuntamiento. La gestión pública ha hecho descender las tarifas y mejorar el servicio por una razón muy sencilla: los beneficios que se obtienen del suministro de agua se reinvierten en este servicio en lugar de utilizarse en pagar dividendos de accionistas y de engordar el arca de multinacionales. El ejemplo de Berlín es quizás el que más nos puede ayudar a comprender qué supone la eventual privatización del agua y las consecuencias que puede tener para Madrid la venta del Canal de Isabel II. En 1999, el gobierno berlinés realizó unos planes idénticos a los previstos por la Comunidad de Madrid en el presente: vendió el 49% de las acciones a un consorcio de multinacionales formado por la francesa Veolia y la alemana RWE. Los resultados del negocio no se hicieron esperar y en cinco años los beneficios de las empresas han alcanzado casi los quinientos millones de euros, las tarifas han aumentado considerablemente y la calidad del agua ha disminuido. Además, se produjeron más de dos mil despidos y muchos contratos fijos pasaron a ser eventuales y temporales.