Contra la última reforma del Reglamento de Extranjería

A comienzos de junio, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a través de El País, hacía pública una nueva reforma del Reglamento de Extranjería que ha iniciado rápidamente su tramitación al ser considerada una prioridad para este Gobierno. Antes de nada, es necesario aclarar que el proyecto normativo se limita exclusivamente a introducir modificaciones en el Reglamento, dejando la Ley de Extranjería intacta, por lo que, aunque se introduzcan ciertos cambios que puedan resultar beneficiosos, menos de los que intentan hacernos creer, para parte de las personas que se encuentran en una situación administrativa irregular, la Ley de Extranjería, el pilar normativo de la política racista y excluyente, no solo sale ileso sino reforzado por otro Gobierno que acepta sus presupuestos principales. La Ley de Extranjería, como instrumento que usurpa los derechos de las personas migrantes y establece los mecanismos de devolución de dichos derechos, unos mecanismos chantajistas, represivos y mercantilistas, constata el más que evidente racismo transversal en la clase política española, al constituirse como un marco normativo que se perpetúa tanto si gobiernan unos como otros.

“La Ley de Extranjería es un engranaje que perpetúa la explotación de los cuerpos históricamente colonizados, anulando su condición de persona con derechos y exponiéndolos a condiciones de vida explotadoras. Esta ley está dentro del (no) Derecho de Extranjería, el único derecho constituido para negar los mismos, esto es, no está dirigido a reconocer y garantizar los derechos sino a poner excusas y condiciones a su adquisición, prevaleciendo siempre la condición de extranjera y poniendo de manifiesto que el capital y la productividad preceden a la humanidad” – Ceuta, ciudad de fronteras

La reforma planteada tiene un claro objetivo que es “establecer mecanismos de contratación más ágiles” (sic) para suplir las necesidades del mercado, es decir, se introduce una lógica economicista que sustituye, en una pequeña parte, a la lógica securitaria que justifica las políticas de control migratorio. El propósito es establecer vías para suplir las carencias de mano de obra barata en aquellos campos que la patronal dicte, a través de la extensión de la práctica de contratación en origen, utilizada para las temporeras, a otros sectores, a través de la inclusión de la posibilidad de trabajar en la autorización de estancia por estudios o a través de la concesión de autorizaciones de residencia a las personas que se formen en aquellas áreas que marque, al final, la patronal.

Los cambios más sustanciales se producen en la contratación de trabajadores extranjeros en sus países de origen con el compromiso de que regresen una vez terminada la actividad laboral. Nos es inevitable relacionar esta reforma con las noticias que, de forma recurrente, ocupan las tertulias de la mañana recogiendo los lamentos de, por ejemplo, la patronal hostelera ante la falta de trabajadoras que acepten sus condiciones laborales para la temporada estival. Esta reforma avanza en facilitar que dichos puestos y de otros sectores puedan ser cubiertos con personas que retornen a sus países tras el fin de la estación. Además, se entrega una herramienta para el chantaje patronal al establecer que, tras 4 años, este permiso puede convertirse en una autorización de residencia y trabajo que ya no dependa de este empleo temporal, es decir, por ejemplo, una vez cumplidos tres años, si se producen ciertos abusos en la empresa, la persona afectada, de forma inevitable, tendrá dudas a la hora de denunciarlos y lucharlos por el riesgo a perder el empleo y, por tanto, las posibilidades de acceder a dicha autorización más estable. Siempre que una autorización dependa de un contrato de trabajo, se le entrega una herramienta de extorsión a la patronal, y esto es algo de sobra conocido por el trabajo de organización, denuncia y lucha de las temporeras en Andalucía en estos últimos años.

Otras de las modificaciones que ha tenido mayor eco entre cierta izquierda para justificar dicha reforma son las que se producen dentro de las autorizaciones de residencia por circunstancias excepcionales. Éstas se han convertido casi en la única vía que tienen las personas migrantes para regularizar su situación administrativa por lo que cualquier cambio tiene grandes efectos. Respecto al arraigo laboral, la reforma recoge lo que ya se había ganado en los tribunales, por lo que no aporta nada nuevo. De hecho, más que suponer un avance, supone un retroceso al incluir en el borrador que la persona debe estar en situación irregular para solicitar la autorización. A día de hoy, muchas solicitantes de protección internacional, cuya resolución se encuentra recurrida, pueden tramitar el arraigo laboral para evitar quedarse en una situación irregular si finalmente su solicitud es denegada. Si se aprueba dicha reforma, hasta que no se encuentren con la resolución definitiva de denegación, no podrán solicitar el arraigo laboral, un trámite que, en Madrid, está resolviéndose en unos 8 meses, por lo que se produce un escenario temporal de precariedad añadida donde la persona no podrá trabajar con un contrato legal ni acceder a las prestaciones más básicas mientras se resuelve su solicitud de arraigo.

Por otro lado, aparece la figura del arraigo para la formación que implica la concesión de un permiso de un año para estudiar alguno de los campos de conocimiento que establezca el mercado pero para acceder a esta autorización será necesario haber permanecido dos años previamente en el país y durante el año de formación no se podrá trabajar, lo cual condena nuevamente a estas personas a la economía sumergida durante un largo período de tiempo. Además, el permiso solo podrá ser renovado si se encuentra un trabajo en el área en el que se haya especializado, por lo que, también implica ceder más poder a la patronal para imponer sus condiciones.

El preámbulo de la reforma propuesta es realmente repugnante, no tenemos otra forma de describirlo. Cosifica y mercantiliza a las personas migrantes a un nivel impresentable, incluso para el PSOE. En ningún momento, figuran como sujetos de plenos derechos sino como mano de obra que pretenden que aterrice a demanda para regresar cuando ya no sea de utilidad para los intereses de la clase capitalista. Somos conscientes de que esto era así pero nunca se había verbalizado de una forma tan explícita en la legislación reciente, de hecho, por ejemplo, la Ley de Extranjería intenta disimular su objetivo real llevando como título “ley sobre derechos y libertades de los extranjeros y su integración social”.

Celebraremos cualquier avance que mejoren las condiciones de vida de las personas migrantes, pero no podemos conformarnos con un todo vale, no podemos permitir que a las personas migrantes se las trate como mercancía. La libertad total de movimiento y establecimiento en cualquier región para cualquier persona debe ser un derecho innegociable.