El pasado mes de junio saltaba la noticia a todas las portadas, nueve temporeras de la fresa huían de la finca Doñana 1998 en el municipio onubense de Almonte. Denunciaban incumplimiento de contrato laboral. Todas ellas son marroquíes, contratadas en origen para trabajar tres meses, seis días por semana, por 40 euros diarios de sueldo. La empresaofrecía alojamiento, sólo tenían que pagar la comida. Sin embargo, ellas denuncian que todo esto es mentira, que la empresa pretende cobrarles agua, luz y cama, además de tener que enfrentarse a constantes amenazas y “castigos” sin trabajo y sueldo. Pero eso no es todo, cuatro de ellas también denuncian abusos sexuales. Con la ayuda del Sindicato Andaluz de Trabajadores, estas jornaleras han conseguido poner sobre la mesa un conflicto destinado a mantenerse silenciado.
Los hechos concretos de este caso han sido ampliamente comentados durante este último mes, el bombo mediático ha sido importante. Pero para comprender mejor los porqués y los cómos de esta situación, creemos que es básico echar una mirada al sector de la fresa y los frutos rojos, a las condiciones laborales de quienes trabajan en los campos de Huelva. Para ello, reproducimos parte de un artículo publicado en la web feminista andaluza La Poderío.
Jornaleras de Huelva: el sabor amargo de los frutos rojos
Huelva es líder europeo en producción de fresa y el mayor exportador mundial. Con más de 11.000 hectáreas, los frutos rojos de Huelva aportan más de 800 millones de euros de valor de producción, y se estima que hay, solo en el sector fresero, más de 60.000 temporeros y temporeras. Las empresas multinacionales de este sector agroalimentario no solo controlan grandes superficies en los campos de la provincia onubense, sino que también imponen los precios de los frutos rojos y las condiciones de venta. La temporada de recolección (febrero-julio) y la naturaleza caduca de la fresa, que debe viajar muchos kilómetros hasta llegar a su destino –principalmente al Norte de Europa–, hacen que las empresas contraten mano de obra barata y que esté disponible para los periodos de recogida. Gran parte de esta labor la desarrollan las mujeres, en su mayoría extranjeras.
Paqui* es una jornalera onubense con poco más de 30 años. Desde adolescente comenzó a trabajar en el campo. Considera que conocer la planta, desde su siembra, su riego, poda y crecimiento, es fundamental para entender el mundo que habita. No le gustan las injusticias e intenta apoyar a sus compañeras y crear un ambiente de humor en los tajos donde trabaja recolectando frutos rojos desde hace más de 12 años. Antes, también trabajó en los melocotones, en la poda de árboles, en el mantenimiento de fincas y en la recolecta de otras frutas. Sus condiciones laborales, junto a la de las compañeras, durante la temporada de frutos rojos, no está sujeta al Convenio Agrario de Huelva, acordado por los sindicatos mayoritarios UGT, CCOO y la patronal ASAJA, que fija una jornada de 6 horas y media. “Muchas mujeres trabajan más de 7 horas y media y sin su correspondiente media hora de bocadillo”, denuncia Paqui.
En la empresa en la que trabaja Paqui hay alrededor de 20 mujeres por cuadrilla, quienes son distribuidas en determinadas zonas por el manijero o la manijera. El control de la calidad de la fruta, el peso y el número de recolecciones los lleva la listera, una persona designada por el capataz para rentabilizar la producción y asegurar que los frutos estén en buen estado. A veces, esta figura pone en juego el compañerismo entre las jornaleras, ya que se ven obligadas a que se reten entre ellas porque, según explica Paqui, “tienes que demostrar que recoges más frutos porque cada vez te presionan más y hay más normas”.
La razón por la que muchos capataces intentan presionar a las jornaleras es debido al volumen de trabajo que se presenta durante las temporadas de recolecta al alterar los ciclos naturales de las cosechas, “echándoles todo tipo de productos tóxicos, como ocurrió el año pasado con las uvas, para que crezcan a la máxima velocidad”. Esta situación hace que tengan que recurrir a cientos de jornaleras para que desarrollen esos trabajos en un periodo reducido de tiempo, circunstancia por la cual se demandan contratos temporales y precarios.
Lola* es otra joven sevillana que encontró una oportunidad de trabajo en los arándanos. Lleva tres semanas y aún no ha cobrado ni visto su contrato. Sale de su jornada de 7 horas un domingo sin descansar en toda la semana, desconoce cuáles son sus condiciones laborales y le extraña que aún no le hayan comunicado nada: “Sabes cuándo entras, pero no cuándo sales, no te dejan llevar una botella de agua al tajo, normalmente el agua está a la entrada. Esto lo hacen porque piensan que en ella puedes llevarte arándanos. Pero, de momento tengo que trabajar hasta que encuentre algo mejor”. A esta situación, le acompaña un método de trabajo que la empresa agrícola utiliza para amedrentar a las jornaleras, con el fin de que sean más productivas, llamado “la lista”. Este sistema consiste en que las cinco personas que menos cajas recojan corren el peligro de quedarse sin trabajo. Esta forma de chantaje genera una situación laboral que lleva a la inacción y a la ausencia de compañerismo, ya que, “si te quedas la última, te quedas sin trabajo”, se lamenta Lola. En su cuadrilla hay unas 40 mujeres y entre ellas se ven obligadas a competir de una manera insana por el método de la lista, cosa que no debería ocurrir, ya que el trabajo es por jornal y no mediante el sistema de recogida de cajas. Asegura que es mejor que haya más unión para que se apoyen entre sí, en lugar de competir. “Depende de nosotras, porque ya hemos visto que a los de arriba no le importamos nada, solo la producción y forrarse. Saben que, sin nosotras, por muchas tierras que tengan, si no tienes a nadie que te trabaje las tierras, no son nadie”, concluye Lola.
Las condiciones laborales impuestas por los capataces, junto a la precariedad laboral en el sector, ha llevado a la desmovilización, cosa que no ocurría hace 20 años, como explica Manuela*, jornalera de 50 años con casi 30 de experiencia en los campos de El Rocío, Lucena del Puerto, Rociana, Villarasa y otros municipios de la provincia de Huelva: “Siento que no hemos avanzado en derechos; de hecho, a finales de los años 80, aquí en Huelva, nos tenían esclavizadas, nos exigían coger muchas cajas de fresas, pero entonces nos movilizamos y conseguimos que nos subieran el sueldo 5.000 pesetas y nos pagaran la gasolina por desplazarnos al lugar del trabajo”.
UGT y CCOO, que negociaron el Convenio Agrario de Huelva, se pusieron de parte de los empresarios y se olvidaron de las trabajadoras y de la situación de desamparo en la que se encuentran. “Esta gente no mira por las jornaleras, tan solo por sus intereses con las empresas”, se lamenta Manuela, tras haber intentado liderar sin éxito una movilización en numerosas ocasiones en su espacio de trabajo, ya que muchas de sus compañeras no han sido capaces de apoyarla por miedo.
Mujeres migrantes en los invernaderos, mano de obra barata y precariedad laboral
La feminización de la pobreza en el sector de los frutos rojos refleja la precariedad ya no solo de las trabajadoras locales, sino también de miles de mujeres migrantes en las cadenas de producción freseras. La competitividad del mercado de la agroalimentación de fresas y frutos rojos va de mano de la desintegración de la mano de obra, quienes se ven perjudicadas por el retroceso en sus derechos laborales. Cada vez más, se puede ver cómo la mayor parte de las mujeres trabajadoras en los invernaderos son migrantes. Paqui relata la situación de indefensión que viven en los tajos: “A muchas de ellas les dan más caña que a nosotras. La mayoría, sin dominar el idioma, aguantan lo que sea, y desconocen aún más cuáles son sus derechos”.
El jornal, según el convenio de la provincia de Huelva, no llega a los 37 euros, el más bajo de Andalucía. Las precarias condiciones laborales de las mujeres con nacionalidad española llevan a abandonar los tajos freseros para buscar otros trabajos más rentables en el campo. Esta situación, junto a la optimización de los recursos de las empresas, lleva a que estas encuentren mano de obra barata en las mujeres migrantes, a través delsistema de contrataciones en origen. Más de 10.000 temporeras marroquíes son contratadas para la recolecta de la fresa en la provincia de Huelva entre los meses de abril y junio. Para esta campaña, el gobierno, a petición de FresHuelva, ha dado luz verde a la contratación de 17.000 trabajadores marroquíes, que serán en su inmensa mayoría mujeres, casadas y con hijos, al objeto de asegurar el retorno a su país de origen. De hecho, el permiso de residencia de estas trabajadoras está condicionado a la vigencia del contrato laboral con el que llegan a Andalucía.
*Paqui, Lola y Manuela no son los nombres reales de las tres mujeres protagonistas de este texto. Los auténticos los hemos preservado a petición de ellas.
Más allá de nuestras fronteras, la precariedad en los campos mediterráneos
San Calogero, Calabria, al sur de Italia. Dos de junio. Se anuncia el asesinato de SoumaylaSacko, un trabajador del campo. Ha recibido un disparo en la cabeza. Tenía 29 años, procedía de Malí ymilitaba en el sindicato de base USB. Su desgraciada muerte nos abre la puerta para adentrarnos en la cara menos amable del sector agroalimentario italiano.
La contratación en los campos es estacional, lo que implica que los/as jornaleros/as que ahora se encuentran trabajando en Calabria deberán trasladarse a otras zonas como Foggia y Cunneo según pasen los meses. Los salarios que se manejan en este sector son especialmente bajos, entre 2,5 y 3 euros la hora, mientras que las jornadas laborales son prácticamente de sol a sol. Junto al problema de los bajos salarios, los/as trabajadores/as deben enfrentarse a la extendida práctica entre los/asempresarios/as de no declarar el total de las horas trabajadas por sus empleados/as al INSP (seguridad social italiana). Esto, más allá de lo que supone a nivel de cotizaciones no pagadas al erario, tiene implicaciones vitales para los/as trabajadores/as, que, al no alcanzar los 102 días de tiempo trabajado al año, no pueden solicitar las ayudas correspondientes durante los meses en los que no tienen trabajo.
Una gran proporción de estos/as trabajadores/as del campo son migrantes, lo que suma al problema de los bajos salarios, dos aspectos de conflicto: el tema de la vivienda y el de los permisos de residencia. El caso de Soumayla era representativo en este sentido. Sacko contaba con un permiso temporal de residencia, si bien este permiso está vinculado a un contrato de trabajo específico. En un sector tan precario esto ya supone graves inconvenientes, a los que se suman la posibilidad del empleador de hacer chantaje contra los/as trabajadores/as que hacen reclamaciones laborales o que simplemente se sindican. Más allá de los campos agrícolas, otro sector con alta proporción de migrantes es el trabajo doméstico, que sufre problemáticas similares. A fin de cuentas, esta política perpetúa las condiciones laborales, y por ende de vida, lamentablesde una parte de la clase obrera.
En cuanto al tema de la vivienda, esta es una cuestión central en los campos del Sur italiano, una de las más acuciantes, pues muchos de estos/as trabajadores/as temporales malviven en tendopolis, inmensas comunidades formadas por tiendas de campaña y chozas a las afueras de los núcleos urbanos. Este era el caso de Soumayla, que vivía en el tendopoli de San Ferdinando, creado en 2010 y que agrupa a unas 3000 personas. Un gueto que se vacía por las mañanas de camino a los campos y vuelve a llenarse a al atardecer, en mitad de un área urbana plagada de casas vacías. Un problema que nadie quiere afrontar, menos aun cuando vienen mal dadas, como este pasado enero, cuando un incendio en estas viviendas carbonizó a una joven nigeriana.
Estas son las circunstancias sociales y económicas que rodeaban a Sacko, las que le llevaron a militar en el USB, que desde hace unos años lleva realizando un importante trabajo sindical en los campos del sur de Italia, en lucha por mejorar sus condiciones de vida y las de sus compañeros/as de empleo. Y también las que han llevado a la muerte. Pues su asesinato se produjo cuando Sacko y dos compañeros suyos se encontraban recolectando en una fábrica abandonada de la zona materiales para dotarse de un techo en su mar de chabolas. Un viejo Fiat Panda se detuvo, un hombre se apeó y les disparó con una escopeta. Hace menos de un año, la policía detuvo a un grupo de jóvenes que salían a la “caza del negro” por la zona. Nada nuevo bajo el sol de estos últimos tiempos en Italia. No hay más que recordar el ataque armado del fascista Luca Traini contra varios subsaharianos en Macareta el pasado 3 de febrero o el asesinato al día siguiente de las elecciones generales del senegalés IdyDiene en Florencia. La verborrea antiinmigrante y racista es una constante en la actual atmósfera política italiana.
La respuesta al asesinato de Soumaylano se hizo esperar. Tras las muestras de rabia inicial de sus compañeros/as, se convocó una asamblea de trabajadores/as, que dio paso a una huelga de un día en los campos de Calabria y a una importante marcha de repulsa. También se plantearon diferentes marchas en Calabria y Roma, y desde la USB se han redoblado los esfuerzos por conseguir avances en las demandas de los/as trabajadores/as del campo. La vida de Soumayla se ha cortado, pero su lucha continua.