La represión en la segunda década del siglo XXI: del 15-M al Procés

Si existe una constante en cualquier publicación relacionada con movimientos sociales, ésa es la represión. Por definición, quien se mueve, quien protesta, quien desobedece e intenta romper sus cadenas, recibirá algún tipo de respuesta por parte del Poder bajo la forma de porrazos, multas y/o cárcel. E incluso, en casos extremos como el del compañero argentino Santiago Maldonado, adquiere la de desaparición o directamente de asesinato en situaciones como la de la hondureña Berta Cáceres.

A lo largo de los ocho años de vida de este periódico siempre hemos pretendido que la represión no se “comiera” todo nuestro contenido, pues buscamos fomentar proyectos con resultados positivos. Pero, inevitablemente, ocupa una parte importante de nuestras vidas, dado que nuestras compañeras la sufren y no la podemos ignorar: la solidaridad nos obliga a abordarla con asiduidad.

Nuestro primer número, publicado en febrero de 2011, incluía un análisis de la reforma del Código Penal del PSOE del 2010. En aquella época nos parecía que se había tocado techo en lo que a represión se refiere. Desde entonces hemos sufrido una reforma del Código Penal y una Ley Mordaza del PP, unas cuantas operaciones policiales sobredimensionadas contra activistas y tuiteros y una serie de asaltos contra el independentismo (el catalán con el juicio del Procés, el gallego con operaciones contra Resistencia Galega y el vasco con el juicio de Altsasu, por citar ejemplos) que han mostrado que habíamos subestimado hace ocho años hasta qué punto podía llegar la mano dura del Estado.

El 15-M y las Leyes Mordaza

“Desde el día 1 de enero más de 1.400 manifestaciones. Esto es algo completamente insólito. Que los ciudadanos de Madrid tengan que soportar este nivel de manifestación con todas las molestias que ello supone”
– Cristina Cifuentes en 2012

Nacimos como proyecto en un momento altamente convulso. Acabábamos de vivir una huelga general en 2010 (y tendrían lugar dos más en 2012), nos encontrábamos en plena crisis económica, se celebraban grandes manifestaciones en Madrid y la inquietud reinaba en las calles. Unos meses después, el enorme descontento social desembocaría en ese tsunami que fue el 15-M.

Este movimiento era asambleario y horizontal en cuanto a sus prácticas y reformista en cuanto a sus fines; sufrió grandes divisiones por la búsqueda de objetivos muy distintos entre sus integrantes, pero mostró que cuando había unión, era absolutamente imparable. Lo vimos en la paralización de desahucios, por ejemplo. Por tanto, el empoderamiento popular era una idea muy peligrosa y su ejemplo no debía extenderse. En consecuencia, el Estado respondió con una herramienta a medida: las Leyes Mordaza (reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana). A base de detenciones (quizás las más sonadas fueron las que tienen que ver con la acción de Aturem el Parlament en Barcelona en 2011 para protestar contra los recortes sociales aprobados) y, en mucha mayor medida, multas, el 15-M se fue paulatinamente agotando. Según los datos de Legal Sol, al 15-M en Madrid se le impusieron multas por un valor superior a 320.000 euros entre el 2011 y el 2013. Sus esfuerzos pasaron a volcarse a alimentar cajas de resistencia y hacer frente a la represión, minando la moral de nuestras compañeras. Eso, unido a la fagocitación por parte del Sistema de buena parte de los indignados, que abandonaron las asambleas de barrio para unirse a los círculos de Podemos, depositaron sus esperanzas en las instituciones y se olvidaron de la calle, terminó por certificar la muerte del 15-M.

La represión contra el anarquismo

“El terrorismo anarquista copia a Al Qaeda”
– El País, en 2013

El 2011 no sólo se caracterizó por el (re)descubrimiento del potencial de las protestas y asambleas populares. También fue el año en el que ETA anunció el abandono definitivo de la lucha armada. El Estado no tardó en decidir que necesitaba un nuevo enemigo interno sobre el que vertebrar la unidad nacional (no en vano, en esta estrategia colaboraron conjuntamente el Gobierno central y la Generalitat) y justificar una vasta estructura policial y judicial (que ahora se está descubriendo su estrecha relación con las cloacas más turbias del Estado) y decidió centrarse en las anarquistas y, en similar medida, independentistas galegas.

Las fuerzas vivas (Ejecutivo, policía, judicatura, etc.) temían que las anarquistas pudieran radicalizar el 15-M y llegar a generar una situación de confrontación social parecida a la que existía en Grecia desde el Diciembre Griego de 2008, por lo que, aprovechando la imputación de las anarquistas chilenas Mónica y Francisco, a quienes se les atribuía la colocación de una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza en 2013, comenzaron a detener a decenas de personas en distintas operaciones policiales: Pandora, Piñata, Pandora 2, Ice… Los indicios de criminalidad (el uso de correos cifrados, la publicación de libros con títulos de dudoso gusto, la tenencia de petardos de feria, etc) era surrealistas, y en todas las operaciones la policía subrayó su peligrosa ideología anarquista radical.

Se emplearon ingentes esfuerzos, horas y fondos públicos en seguimientos, escuchas telefónicas y análisis de comunicados para acreditar que ciertas personas profesaban ideologías anarquistas y celebraban reuniones ocasionalmente, si bien nunca se pudo acreditar su participación en acciones violentas. Y esto justificó situaciones de prisión provisional y acusaciones de terrorismo durante algún tiempo.

Finalmente, salvo en el caso de Mónica y Francisco (que fueron condenadas y expulsadas del Estado español) y en el de Lisa (condenada en Alemania por un atraco a un banco), todas las operaciones resultaron en su archivo o en absolución. Pero no se las puede considerar, en absoluto, un fracaso desde el punto de vista policial, pues lograron su objetivo primordial: desmovilizar y fragmentar a buena parte del movimiento anarquista.

Asimismo, en 2015, junto a las reformas del Código Penal y la Ley Mordaza, se aprobó una nueva Ley Antiterrorista que rebajó notablemente los estándares de lo que se considera “terrorismo”, facilitando la posibilidad de que operaciones similares en el futuro puedan resultar en condenas.

Tuiteros, Titiriteros y los nuevos terrorismos

“No es bueno manifestar afinidad con movimientos anarcoinsurreccionalistas”
– La Fiscal Ana Noé, en el juicio de Pablo Hasel, en 2018

Entre 2014 y 2016 tuvieron lugar cuatro Operaciones Araña, en las que un total de 76 personas resultaron detenidas por realizar comentarios en redes sociales. La mayoría eran personas anónimas, sin ninguna actividad o ideología política, lo cual era una indicación de que el Poder estaba dispuesto a apuntar a cualquiera con tal de establecer un relato oficial: a pesar de que ya no existe terrorismo, no se puede defender bajo ningún concepto, hasta el punto de que no se puede ni bromear sobre ello. Es el ejemplo de Cassandra Vera, condenada por la Audiencia Nacional por tuitear unos chistes de Carrero Blanco (si bien luego fue absuelta por el Tribunal Supremo). Una socialización de la represión que infundió una oleada de miedo y autocensura en la red que a día de hoy perdura.

A esto hay que añadirle casos como el de los Titiriteros (que sin duda es uno de los mayores escándalos de los últimos tiempos), la criminalización de raperos por el contenido de sus letras y las constantes denuncias por ofensas de todo tipo que se dan a diario: delitos contra los sentimientos religiosos, delitos de odio contra policías y nazis (hasta el punto de que se les equipara con minorías protegidas), injurias contra toreros muertos, y un largo etcétera de demenciales situaciones que resultan en un retroceso de la libertad de expresión.

Todas estas actuaciones dibujan las nuevas reglas del juego. Ahora cualquier crítica, burla o expresión de una opinión política o moralmente controvertida podrá criminalizarse. El objetivo, en palabras del Supremo, es hacer “un ejercicio de ciudadanía responsable” a golpe de represión.

Es evidente que siempre ha existido una explotación política de toda esta cuestión. Los antecedentes de esta pugna nos enseñan que las personas acusadas por este tipo de delitos son siempre quienes se burlan de las víctimas del terrorismo y nunca quienes se mofan de las víctimas del franquismo, por ejemplo. Son quienes ensalzan a ETA y GRAPO pero no quienes claman loas a los GAL (Rafael Vera, Secretario de Estado de Seguridad con Felipe González, defendió “la utilidad” de los GAL públicamente en 2015; en marzo de 2016, Fiscalía no vio delito en sus palabras y se archivó la causa). Los hechos nos enseñan que el ensalzamiento de la violencia machista o la celebración de la muerte de Aitor Zabaleta son conductas que no se persiguen. Esto lo sabemos.

Lo que nos preocupa hoy es que cada vez somos menos tolerantes. Prueba de ello es que el Derecho penal o la policía se han convertido en recursos habituales para resolver disputas que jamás deberían judicializarse. El debate ya ni siquiera oscila en reivindicar uno u otro mensaje como correcto, sino en la defensa misma de la libertad de decir lo que uno/a piensa sin sufrir persecución por ello.

La tolerancia es, por definición, la capacidad de soportar las actitudes, comportamientos y expresiones molestas de otras personas. Y el umbral de tolerancia se encuentra a día de hoy bajo mínimos.

En un contexto tecnológico que permite la monitorización absoluta de todo lo que expresamos, debemos aprender a leer e interpretar lo que otros/as escriben sin que la denuncia se convierta en el acto reflejo frente a cualquier ofensa. Si no aprendemos a superar el miedo al debate y a gestionar nuestras emociones corremos el riesgo de caer en el autoritarismo más atroz.

El Derecho Penal no busca reparar una ofensa o resolver un debate social. Sus efectos sólo pueden dirigir a la sociedad hacia la autocensura y el miedo, cimientos de un modelo de convivencia aburrido, autoritario, poco creativo y conformista. El nuevo escenario oprime los márgenes de la libertad de expresión y apuntala la estructura del Estado policial.

La brutal represión en Catalunya

“Hasta ahora no se nos ha visto ni oído. Pero es necesario un control democrático de los medios de comunicación públicos” – Josep Borrell en 2017

Poco antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre organizamos un debate entre Embat (una organització llibertaria de Catalunya) y la CUP en Madrid, a fin de escuchar de primera mano sus perspectivas acerca de la independencia. Si bien ambos colectivos expresaron reservas sobre algunos puntos, sobre todo la CUP argumentaba que el Procés suponía una oportunidad para romper con el Régimen del 78 y generar un proyecto constituyente capaz de mejorar nuestras condiciones de vida, no sólo en Catalunya sino en España también. En ese momento, no nos quedaba ninguna duda de que se iban a comer la del pulpo, pues ningún sistema permitiría jamás algo así.

El 1 de octubre de 2017 la Policía Nacional y Guardia Civil bajaron de su barco adornado con un Piolín gigante y se dedicaron a curtir lomos de forma espectacular. Roger Español perdería un ojo con una bala de goma, lo cual no le convierte, ni mucho menos, en la primera víctima de este tipo.

Tras los golpes vendría la represión judicial: primero los Jordis, luego Junqueras y distintos miembros del Govern, irían entrando en prisión, con acusaciones de rebelión pendiendo sobre sus cabezas. Mientras tanto, Junqueras, Anna Gabriel y otras se exiliaron al extranjero y lograron, con éxito, internacionalizar el conflicto. Y si bien a nivel personal y político no compartimos nada con la mayor parte de los acusados (recordamos, por ejemplo, que Turull fue el que lideró la carga judicial contra las compañeras que rodearon el Parlament), no dudamos en calificarlos de presos políticos (pues es innegable que se encuentran en prisión por razones políticas) y, por tanto, en solidarizarnos y exigir su puesta en libertad.

Debe tenerse en cuenta además que hay mucho en juego en el Juicio del Procés para nosotras también. Concretamente, se encuentra en peligro el derecho de reunión y de manifestación, puesto que la acusación considera que los “hechos violentos” que tuvieron lugar en Catalunya son los actos de desobediencia civil y manifestaciones masivas del 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017. Si se establece finalmente que salir a la calle a protestar por unos registros, sin causar disturbios, es una rebelión violenta, cualquier movimiento social que aspire a cambiar un poco las cosas corre el riesgo de ser criminalizado de la misma manera.

Las lecciones que hemos aprendido con la represión Es innecesario decirlo, pero se pasa muy mal en todas estas situaciones. Es angustioso ver a compañeras encerradas tras unos muros, en unas condiciones terribles, pero la represión también nos ha permitido vivir situaciones preciosas de solidaridad, como las donaciones de dinero, las campañas antirrepresivas como la de Colze a Colze, o las autoinculpaciones. Durante los últimos años han surgido diferentes textos y herramientas que nos ayudan a hacer frente a la represión desde distintos puntos de vista: desde lo práctico (qué hacer y qué no hacer), de salud mental, lo económico, etc. Por mencionar algunas, contamos con el Manual de la Manifestante, el Cabo de Guía: consejos prácticos para afrontar la represión a raíz de las operaciones antiterroristas contra el entorno anarquista y la Guía Antirrepresiva: Derechos y Libertades para la Lucha Social. Es importante que estos esfuerzos no caigan en el olvido y que aprendamos del pasado para hacer frente a la próxima vez que nos toquen. Porque no tenemos ninguna duda de que pasará.

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