Autor: Rubén Pérez Trujillano. Editorial Tirant lo Blanc. Agosto 2024. 722 páginas.
Es un consenso histórico que, en la Europa de entreguerras, el auge del fascismo y la caída de los regímenes constitucionales en Italia y Alemania se produjo gracias a la violencia ejercida por los escuadristas de extrema derecha y la permisividad de los jueces con éstos. Sin embargo, durante años, la historiografía oficial española, haciendo gala del eslogan de Spain is different, se alejaba de estas lecturas y aseguraba que la Segunda República se había tambaleado por sus propias debilidades. Por suerte, esta visión se ha ido difuminando y no son pocos los estudios que han surgido en las últimas décadas que han rebatido esta idea y han apuntado al papel desempeñado por el ejército, la Iglesia, los monárquicos y la patronal para allanar el camino del golpe de Estado franquista.
Sin embargo, hasta la fecha prácticamente no se ha prestado atención al rol que tuvieron los jueces en el derrumbe de la República. Pero recientemente, el historiador del Derecho Rubén Pérez Trujillano ha cubierto esa laguna. En Jueces contra la República (2024) analiza la postura de los jueces ante las reformas republicanas y sus resistencias al laicismo, la autonomía regional, la reforma agraria, etc. y, en Ruido de Togas (2024), cubre la otra cara del papel de la judicatura durante el periodo republicano: la persecución y represión del movimiento obrero (anarquistas, comunistas y socialistas) e izquierda en general (tanto la obrerista como la burguesa) y la diferencia de trato con los sectores de la derecha y el terrorismo fascista, a los que a menudo se les eximía de sus delitos invocando el principio de legítima defensa.
Pérez Trujillano acude a numerosas fuentes documentales y a la jurisprudencia de la época para analizar el trato que los juzgados y tribunales dispensaron a los revolucionarios acusados de cometer delitos. Y es que los jueces pudieron actuar sin restricción alguna contra anarquistas y comunistas porque, desde su fundación en 1931, la República se había comprometido a no alterar el orden social capitalista y, en consecuencia, las élites republicanas alcanzaron un consenso antirrevolucionario con las fuerzas vivas del momento. Así, apelativos como “extremista”, “exaltado”, “agitador”, “revoltoso” y “revolucionario”, vistos con buenos ojos por los socialistas en el Gobierno (que desde sus ministerios los replicaban), son muy comunes en la jurisprudencia militar y penal de la época para describir el perfil subjetivo de los penados.
Este fenómeno no se dio únicamente en España. Con anterioridad al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la judicatura de toda Europa identificó a la clase trabajadora en general, y al movimiento obrero en particular, como “peligrosa, indeseable y maleante”. En diferentes países se crearon jurisdicciones especiales, o se ensanchó la jurisdicción militar y se aumentó el arbitrio de los jueces, para luchar contra organizaciones revolucionarias. Y, en el Estado español, cuando la dictadura de Primo de Rivera y su monarquía dieron paso a un régimen democrático, la policía y los jueces continuaron utilizando los perfiles políticos que ya disponían y el enemigo preferente de la República siguió siendo el sujeto revolucionario, sin que nadie pestañease.
Sin embargo, pese a que el sistema capitalista y los privilegios de la burguesía no peligraron durante la República gracias a este cordón sanitario antirrevolucionario, los jueces reaccionarios fueron más allá de los consensos alcanzados con las élites socialistas y empezaron a movilizarse activamente por hacer caer la República. Descontentos con las reformas republicanas –ninguna con la envergadura para amenazar al sistema–, sus sentencias permiten entrever una estructura de valoraciones tradicionales que dispensaban un tratamiento favorable a la extrema derecha. En otras palabras, los intérpretes de la legalidad, de la Constitución y de lo que es Justicia con jota mayúscula fueron legitimando a un movimiento fascista que, precisamente, buscaba hacer caer el régimen republicano. Todo ello en nombre de la estabilidad económica y social, la paz social de la patronal y la unidad nacional.
Las lectoras habituales de este periódico se habrán percatado que en los últimos meses nos hemos hecho eco de varias noticias acerca de cómo parte de la judicatura española está instrumentalizando la Justicia para intentar hacer caer el Gobierno. Nos encontramos en un momento de polarización política bestial y de guerra cultural a nivel internacional. En España, los reaccionarios han canalizado su enfado en los pactos de los socialistas con independentistas y podemitas y, en consecuencia, el sector más conservador de la judicatura se ha empeñado en hacer caer la Ley de Amnistía, la del Sólo Sí es Sí y en lograr condenas contra miembros del Ejecutivo, allanando el camino a un nuevo Gobierno de PP y Vox. No analizamos los diferentes casos de lawfare porque nos importe el bienestar del Perro Sánchez y su mujer, ni porque simpaticemos con el PSOE –el partido que utilizó el terrorismo de Estado, que no ha investigado torturas, que ha impulsado investigaciones contra el anarquismo, que infiltra policías en movimientos sociales, que no deroga la reforma laboral o la Ley Mordaza, etc.– o con los líderes políticos catalanes –los que promueven discursos contra la inmigración, defienden el endurecimiento de las leyes penales, votan en contra de prorrogar ayudas sociales, etc.–, sino porque estas maniobras judiciales pueden ser, como ocurrió en la década de 1930, la antesala de la instauración de un nuevo régimen fascista en el Estado español. Y, en este contexto, cualquier movimiento antagonista corre riesgo de ser aplastado.
Debemos conocer nuestro pasado si queremos evitar que se repita y tanto este ensayo – como las entrevistas con el autor que se pueden escuchar en el podcast La Linterna de Diógenes – son imprescindibles si queremos comprender los motivos por los que hace 90 años cayó la democracia liberal y dio paso al fascismo.