En memoria de Shad Karim

El pasado 14 de marzo, falleció un joven marroquí de 22 años, Shad Karim, que se encontraba en un hostal en San Fernando de Henares (Madrid), gestionado por Cruz Roja como “centro de acogida”, dentro de un programa temporal aprobado y financiado por el Ministerio de Inclusión.

Shad Karim empezó a sentirse mal del estómago, pese a que algunos medios informaron de que se encontraba en huelga de hambre, la huelga ya había finalizado unos días antes. Shad solicitó asistencia médica al personal de Cruz Roja y la solución que le ofrecieron fue que se desplazara al centro de salud. En el centro de salud, al joven recién llegado al país, sin conocer el idioma, con la única compañía de un compañero, le recetaron un omeprazol. Al regresar al hostal, se empezó a encontrar peor, con dolores más fuertes, incluso se desmayó. La llegada del 112 no pudo revertir la situación. A día de hoy, no se han hecho públicas las causas de su muerte.

Aunque se encontraba en un recurso gestionado por Cruz Roja, dentro de un programa estatal, las declaraciones han sido mínimas por parte de la entidad privada y por parte del propio Gobierno, pese a la gravedad de lo ocurrido. La muerte del joven no ha trascendido más allá de alguna noticia puntual durante el fin de semana y la reacción en redes sociales, evidenciando, una vez más, que ciertas vidas importan poco.

La semana anterior, tres decenas de residentes de este hostal, incluido Shad Karim, iniciaron una huelga de hambre para denunciar las condiciones de acogida y la imposibilidad de formalizar la solicitud de protección internacional por el bloqueo impuesto por el Ministerio de Interior a las citas de asilo. Esta huelga, que se prolongó hasta el inicio del Ramadán, fue acompañada de una concentración junto a vecinas solidarias. Antes de esta acción, decenas de personas provenientes, principalmente, de países africanos de la región del Sahel, presentaron, de forma colectiva, quejas ante el Defensor del Pueblo.

La convicción de que Cruz Roja podía haber hecho algo más para evitar lo sucedido junto a los motivos ya presentes que motivaron sus anteriores acciones de protesta, impulsaron una convocatoria para el día siguiente, el viernes 15, frente al Ayuntamiento de San Fernando de Henares, que se convirtió en un ejercicio colectivo de memoria a Shad Karim y a todas las personas que han perdido la vida en el proceso migratorio.

Respecto a la acogida de las personas llegadas a Canarias, es necesario remarcar, una vez más, algo que, aunque no deja de ser evidente, no hay que dejar de repetir una y otra vez. Cuando ha existido voluntad por parte del Gobierno del país y de la UE, se han desplegado los medios necesarios para acoger a decenas de miles de personas, no sólo ofreciendo una alternativa residencial o ayudas económicas sino también, incluso, la inmediata expedición de la autorización necesaria para residir y trabajar de forma regular. Lo que, a veces, es tildado de crisis y amenaza, se renombra como deber moral, responsabilidad colectiva de acogida, cuando intervienen otros actores.

En Madrid, la cita para formalizar la petición de asilo sólo se puede conseguir a través de dos números de teléfono que gestiona la Policía Nacional. Dichos números se encuentran inaccesibles constantemente, una situación que se ha recrudecido en los últimos meses, en los cuales ya es prácticamente imposible que alguien descuelgue esos teléfonos.

Sin la cita, uno no puede ser considerado solicitante de protección internacional y, por tanto, tener acceso a los derechos asociados a dicha condición y a que se estudie su situación por si es merecedora de protección específica. Por ello, lo que llevan meses denunciando diferentes colectivos y personas provenientes de diferentes países en conflicto como puede ser Mali, Palestina, Sudán, Guinea, etc., es que un derecho protegido por diferentes acuerdos internacionales, incluso por nuestro sacrosanto texto constitucional, está siendo restringido de facto a través de una cuestión técnica, es decir, imponiendo una única forma de acceso y haciendo inaccesible dicha vía. La imposibilidad de conseguir una cita se transforma en una condena a la irregularidad administrativa, con todo lo que ello conlleva.

En otras provincias, aunque no sea necesario realizar miles de llamadas para poder conseguir la cita al haberse implantado otros sistemas, como pueden ser el envío de un mail o la petición de cita directamente en Comisaría, el problema está siendo otro, se asignan citas para 2025, es decir, existen unos tiempos de espera que pueden superar el año, lo cual, también, supone un total ataque al derecho al asilo.

Por enfrentar dos situaciones recientes, en Madrid, para las personas provenientes de Ucrania se habilitó un centro específico al cual podían acudir sin necesidad de cita previa, allí recibían de forma inmediata la tarjeta que acreditaba su derecho a permanecer y trabajar en el país, por otro lado, las personas palestinas, por poner un ejemplo, que están llegando, al no poder acceder a la cita de asilo, no pueden ser documentadas, acceder a un recurso habitacional, a la atención sanitaria y a toda una serie de derechos, creándose un doble escenario imposible de justificar, que evidencia la raíz racista de todo un sistema que, irónicamente, se autonombra como de acogida.

Por último, señalar la escasa presencia del tejido político organizado de la Comunidad de Madrid, salvo honrosas excepciones, en dichas movilizaciones y protestas Nos debe hacer reflexionar y actuar en consecuencia para trasladar nuestra asunción teórica al antirracismo al conflicto cotidiano presente en nuestro territorio. Recientemente, también, hemos tenido constancia de agresiones dentro del CIE que, junto a otras problemáticas ya enquistadas como la violencia policial hacia las personas racializadas, los efectos de la Ley de Extranjería, la exclusión sanitaria, etc., justifican, más que de sobra, que espabilemos y articulemos respuestas que desafíen la normalidad racista.