El Sindicato de Inquilinas de Madrid, una herramienta de lucha contra los abusos de los caseros

El problema del alquiler en el Madrid post-crisis

Patricia es enfermera y vive en un piso compartido en el barrio de La Latina. Tras cumplir los 30 años decidió buscar una vivienda en alquiler para irse a vivir sola. Tras meses de búsqueda en portales de internet, no consiguió encontrar nada a un precio que pudiera permitirse con su salario de 1250€ al mes. Cuando encontraba uno ya habían llamado 20-30 personas antes que ella. Además, cuando conseguía una cita, los requisitos que le pedían eran imposibles: hasta tres meses de fianza, avales, garantías, contrato fijo y de jornada completa. En muchos casos le dijeron que preferían a parejas casadas y con hijos que a una mujer soltera. Al parecer al casero le daba más seguridad. Finalmente ha tenido que desistir de la búsqueda y quedarse en su piso compartido.

Jose, Alicia y Ernesto son tres jóvenes de entre 30 y 35 años que comparten un piso de 75m2 en Arganzuela. Alicia es estudiante mientras que Jose y Ernesto cobran un salario que no supera los 1150€ mensuales. En julio de 2014 firmaron un contrato de tres años por 800€ al mes. Tres años más tarde, a principios de junio de 2017, su casero les ha comunicado que en el nuevo contrato quiere subir el alquiler a 1100€. Ha visto en Idealista que el precio del m2 ha subido estos años y no quiere perder dinero. Jose, Alicia y Ernesto tienen dos opciones. O ceder y pagar todavía más o marcharse a un piso más barato, seguramente en otro barrio distinto. El casero no está preocupado ya que sabe que si ellas no aceptan la subida habrá otras muchas personas que sí podrán pagar ese nuevo precio.

Fátima es una mujer soltera que vive de alquiler en una vivienda en Villaverde. Paga 300€ al mes por una vivienda que está, dice, en muy malas condiciones. Ella trabaja como empleada del hogar en un barrio del norte de Madrid. Cobra 800€ al mes por una jornada de siete horas. La familia acomodada para la que trabaja le ha comunicado que a partir de septiembre le van a reducir la jornada y va a pasar a cobrar 500€ al mes. Casi al mismo momento, su casero, un propietario particular, le ha dicho que cuando venza el contrato de arrendamiento, a finales de año, le va a subir el alquiler a 400€. Ella está desesperada porque no va a poder pagarlo y no sabe qué hacer. Con un salario de 500€ es prácticamente imposible sobrevivir en Madrid. También está preocupada porque su primo y su familia están con el mismo problema. Pagan por su piso 450€ al mes y su casero, otro propietario particular, quiere subirles el alquiler a 600€ a finales de julio, cuando vence el contrato.

Flor vivía con sus dos hijos en un piso de alquiler propiedad de Caixa Bank en Carabanchel. Accedió a él a través de un programa especial de alquiler y pagaba 643€ al mes. Hace un año perdió su trabajo en la hostelería y desde entonces está en paro, sin poder recibir prestación por desempleo porque gran parte de su jornada laboral la cobraba en negro. Tras hacer unos trámites consiguió que la Comunidad de Madrid le concediera una REMI de 580€ al mes. A los dos meses tuvo que dejar de pagar el alquiler porque no podía asumirlo. Tenía además que pagar las facturas de los suministros, que ascendían a casi 80€ mensuales. Dada la situación, Flor decidió seguir en el piso en situación irregular. Tuvo un primer desahucio, que consiguió paralizar con la ayuda del grupo de vivienda de su barrio, y un segundo, el pasado 29 de junio. Buscó un piso en alquiler por su zona pero los precios eran demasiado altos para sus ingresos. Cuando encontraba un piso un poco más barato le pedían fianzas de hasta seis meses, garantías y el mes de la agencia inmobiliaria, casi 3.500€ para entrar a vivir en un piso, imposible de asumir para ella. En medio de la desesperación y la impotencia Luz Mari ha decidido okupar una vivienda propiedad de Bankia. Tiene muy claro que no se va a quedar en la calle con sus dos hijos mientras en su barrio hay decenas de casas vacías.

Laura y Antonio son una pareja que vive okupando una vivienda en Usera. Él cobra una pensión de incapacidad de 350€ y ella trabaja de empleada del hogar, cobrando 850€ al mes. Laura está embarazada de seis meses. El propietario del piso les ha denunciado por usurpación y el pasado 3 de julio tuvieron el primer desahucio, que consiguieron aplazar gracias al apoyo del grupo de Vivienda Usera. Como solución habitacional han intentado buscar un piso en alquiler pero los precios y las condiciones se lo impiden. Los caseros les piden un mínimo de 600€ al mes, tres meses de fianza, un contrato de trabajo fijo y a jornada completa y unos ingresos mensuales superiores a 1800€. Imposible de asumir para ellas. Volverán a okupar otro piso.

María es una mujer de 58 años que vive de alquiler con sus dos hijos y tres nietos en un piso en el barrio de San Blas. Gana 800€ al mes trabajando en un centro de ayuda a personas dependientes y paga 400€ al mes de renta. Sus hijos están en paro, aunque a veces consiguen aportar algo de dinero con trabajos esporádicos. El alquiler se lo concedió en 2013 el banco a través del Fondo Social de Vivienda creado por el Gobierno para “apoyar” a familias desahuciadas. En diciembre de 2016 el propietario le mandó una carta comunicándole que había traspasado la propiedad de la vivienda a un fondo de inversión. Su contrato venció a finales de junio de 2017 y el nuevo propietario no está interesado en renovarle el alquiler. Parece que lo que quiere es reformarlo y venderlo o alquilarlo a un precio superior. María está desesperada porque con los precios actuales no puede pagar un alquiler de mercado, ni en San Blas ni en ningún sitio, y tampoco se atreve a okupar una vivienda.

El surgimiento del Sindicato de Inquilinas

Estos casos son sólo una muestra de la compleja problemática del alquiler que padecemos actualmente en Madrid y su área metropolitana. Elevados precios en proporción a los bajos ingresos de la población, finalización prematura de los contratos de alquiler fruto de la reforma de la LAU en 2013, requisitos imposibles para acceder a un piso, desplazamientos forzados a otros barrios, expulsión y exclusión del mercado formal, hacinamiento en pisos compartidos, mala calidad de las viviendas…Situaciones todas ellas que generan sufrimiento y frustración, especialmente para las familias y hogares de los barrios populares.

Es en este contexto, que podríamos llamar casi de “emergencia”, cuando un grupo de inquilinas, muchas de ellas provenientes de movimientos sociales como el de vivienda, el feminista o el municipalista, tomamos conciencia de la problemática y decidimos organizarnos para intentar ofrecer soluciones. A finales de enero, un grupo promotor de unas 15 personas nos empezamos a reunir en el Banco Expropiado La Canica de Lavapiés para ver cómo y de qué forma podríamos afrontar el problema. La idea ya estaba sobre la mesa. Crear un sindicato de inquilinas como una herramienta de contrapoder para defendernos de los abusos de los caseros y para luchar por unos alquileres dignos. Tras meses de debates y mucho trabajo, el pasado 12 de mayo presentábamos en el Centro Social EVA de Arganzuela el Sindicato de Inquilinas de Madrid ante más de 100 personas y varios medios de comunicación que se habían interesado por la iniciativa.

De las huelgas de inquilinas al sindicalismo social

El Sindicato de Inquilinas es heredero directo de movimientos por la vivienda como V de Vivienda, que hace ya una década denunciaba las dificultades de acceso a la vivienda para la gente joven, u otros más recientes como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca o los grupos de vivienda de los barrios, que han marcado la agenda política y que desde la autonomía han generado poder popular y transformaciones sociales.

También están en nuestra memoria las huelgas de inquilinas de finales del siglo XIX y de la década de los años treinta del siglo XX en diferentes localizaciones a uno y otro lado del charco: desde las huelgas del inquilinato de Buenos Aires de 1907, pasando por el Veracruz de los años veinte, o el Santa Cruz de Tenerife y la Barcelona tomada por la CNT de los años treinta, que rezumaban dignidad obrera autoorganizada en un contexto impuesto por una crisis política, la migración interior hacia la urbe industrial, con gran demanda de vivienda y unos caseros que se aprovechaban de la situación para especular con el uso y el precio la vivienda. Las principales diferencias con respecto a esas épocas estriban en que eran contextos de fuerte organización y alto porcentaje de inquilinas cuyo margen de presión era mayor, cosa diferente en la actual coyuntura, que nos movemos en un contexto en que esa red compleja y creciente de inquilinas urbanas no tiene esa coyuntura favorable al no ser más del 20% de la población, al menos en Madrid ciudad.

Es precisamente esta coyuntura tan desfavorable la que nos ha motivado, junto al empuje de la lucha contra los desahucios y por la vivienda, a la mayoría de personas del grupo promotor de este Sindicato de Inquilinas de Madrid para ver cómo abordar esta lucha, ya que muchas de nosotras éramos activistas que veníamos de otros colectivos y movimientos sociales, autónomos y vecinales, ligadas también al sindicalismo social. Un sindicalismo social entendido como nuestra proyección de sindicar luchas sociales profundamente atravesadas por la precariedad (en diferentes aspectos), y que focalice la sostenibilidad de la vida contra la perversión del capital. Un sindicalismo que desborde los cauces del sindicalismo de clase tradicional y que atienda a la compleja diversidad de luchas urbanas y tienda alianzas desde los afectos en nuestras vidas cotidianas, intentando sindicar la lucha de las kellys, los manteros, las pensionistas, las jóvenes precarias o de las trabajadoras del territorio doméstico. Un sindicalismo, en definitiva, que desde la base y desde las clases populares construya alternativas de vida que merezcan la pena ser vividas.

Estructura, herramientas y objetivos del Sindicato

El Sindicato de Inquilinas está estructurado en cuatro grupos de trabajo. Por la gran demanda mediática y paralelo a la urgencia a la problemática del alquiler, la primera comisión que ha funcionado desde los primeros momentos es la de Comunicación, encargada de prensa y redes y la gestión de portavocías. Después de la primera gran asamblea general el 26 de Mayo, se incorporaron la Comisión de Extensión a Barrios, la Comisión de Asesoramiento y la de Argumentario, que se reúnen en momentos diferentes a las asambleas generales, que venimos celebrando los viernes alternativos, con periodicidad quincenal, a las 18:30 en el Espacio Vecinal Arganzuela.

La relación con las PAH de Madrid, la Obra Social Madrid y la Coordinadora de Vivienda de Madrid es una cuestión que también nos preocupaba y que queremos construir con mimbres fuertes y duraderos porque somos conscientes que han sentado la base de un movimiento por la vivienda muy amplio, popular, diverso y empoderado. Un movimiento al cual nos queríamos adscribir, manteniendo vasos comunicantes con estas luchas que, desde nuestra posición incipiente, comparten el mismo espíritu que el nuestro, que se resumiría en la frase “vamos lentas porque vamos lejos”.

Nuestro objetivo principal es defender unas condiciones habitacionales adecuadas y dignas de los hogares precarios no propietarios (hogares inquilinos y, de forma indirecta, hogares okupas y hogares no independientes). Aquí incluiríamos dentro del “sujeto” no sólo a los hogares de inquilinos sino a aquellos hogares que serían potenciales inquilinos pero que se encuentran expulsados o excluidos del mercado del alquiler. Este gran objetivo se desgranaría en objetivos como la reducción de los precios del alquiler, la mejora de la calidad de las viviendas, mayores facilidades de acceso al alquiler (contratos más favorables a las inquilinas, tema de las fianzas, limitar abusos de los propietarios), apoyar a los hogares en sus conflictos con los propietarios, paralizar y revertir la expulsión de los hogares precarios no propietarios que viven en el centro y la semi-periferia a la periferia y la ultra-periferia fruto de los precios del alquiler y revertir los procesos de turistificación  que se dan fundamentalmente en la almendra central. En definitiva, apoyar a los hogares para la defensa de sus derechos como inquilinas. Para poder alcanzar estos objetivos queremos que el Sindicato sea un instrumento de presión al Estado y a las instituciones públicas para lograr la intervención y regulación de los precios y condiciones del mercado del alquiler, presionar por la derogación de la LAU y exigir una legislación que nos ofrezca garantías para el acceso a la vivienda en condiciones dignas.

En realidad, nuestros objetivos más concretos están por definir a medida que conectemos con diferentes barrios y sus realidades sociales. Pero sí que hay dos herramientas muy claras que a corto plazo ya tenemos claras: la movilización social en la calle y la intervención en el mercado del alquiler. Esto nos da la potencialidad de seguir lidiando a medida que conocemos casos reales que obtienen sus primeras victorias ante el capital inmobiliario. Ahí están las paralizaciones de desahucios, los realojos y las obras sociales de la PAH, o la victoria del Bloque Arganzuela contra Urbania.

Y mientras tanto aquí seguimos, perreando y luchando en nuestros barrios contras los caseros y las inmobiliarias para que no nos expulsen de nuestros hogares mientras decimos alto y claro que la vivienda es un derecho, no un comercio.