Una vez más, a raíz del reparto de los menores migrantes entre las diferentes Comunidades Autónomas, se ha producido un esperpéntico escenario, regado con un exceso de teatralización y racismo, por mucho que se consideren progresistas ciertas fuerzas políticas.
Según el Gobierno canario, responsable de la tutela de los menores no acompañados presentes en las islas, hay acogidos unos 5.600 niños y adolescentes. Al disponer la red de unas 2.000 plazas, la situación es calificada como de desbordamiento y, por ello, con la colaboración del Gobierno central, se han planteado una serie de medidas para hacer frente a esta situación. En primer lugar, repartir a los menores por la Península, en segundo lugar, modificar la Ley de Extranjería para disponer de un mecanismo normativo que regule dicho reparto. Esta reforma, sin embargo, no salió adelante, dado el voto en contra de PP, Vox y Junts.
Más allá de los cambios producidos en los diferentes gobiernos regionales por la maniobra electoralista de la extrema derecha, ante la presión de una nueva fuerza más a su derecha, lo realmente relevante se encuentra en otros puntos concretos: el primero de ellos, el relato generalizado que normaliza el empleo de términos como colapso, y, el segundo, la situación actual de los menores y la mal llamada acogida brindada no sólo en Canarias sino también en el resto de Comunidades.
En febrero de este año, el Gobierno cifraba en 200.000 las personas ucranianas que han fijado su residencia en España tras el inicio de la escalada, en 2022, del conflicto bélico con Rusia. A su vez, 85 millones de turistas visitaron el país durante 2023. En relación a Canarias, por un lado, casi 5.000 personas de Ucrania se han establecido en las islas y, por el otro, son 14 millones los turistas extranjeros que viajaron al archipiélago durante el año pasado. Es decir, antes de nada, se debe dimensionar y contextualizar la cifra de llegadas de jóvenes árabes y de la zona oeste de África. Cuando existe voluntad, se han realizado las gestiones necesarias para otorgar ayudas sociales y autorizaciones de residencia de un día para otro, e, incluso, se han habilitado recursos de alojamiento suficientes. La
infraestructura existe, la cuestión es si disponerla para el bien común o para el uso y disfrute privativo.
Por otro lado, si no cuestionamos el sistema en su conjunto y asumimos que el número de plazas existente figura dentro de un estándar correcto, una situación como la actual, con un número de jóvenes migrantes presentes mucho mayor, nos permite justificar el uso de palabras como colapso, desbordamiento, o, incluso, como ha pedido el PP, se declare la situación de emergencia migratoria (como hizo Meloni en Italia el año pasado). Estas palabras no son neutrales, sostienen un relato criminalizador, securitario y amenazante. Por ello, entre otras cuestiones, la red nacional de acogida de jóvenes, extranjeros o no, que no se encuentran en compañía de un adulto o que se les ha alejado de los adultos responsables de su cuidado, debe ser analizada, cuestionada y transformada.
El sistema de acogida se encuentra formado, principalmente, por una serie de recursos de gestión privada, con una serie de trabajadoras en una situación muy precaria a nivel económico y de condiciones laborales. Un sistema que ha visto cómo grandes empresas, incluso constructoras, han descubierto el negocio existente y han arrasado con los contratos ofertados. Es decir, como en otros ejemplos de privatizaciones, tenemos una dinámica de ahorro por parte de las empresas para la maximización de sus beneficios a costa de la acogida de los jóvenes y de la realidad de las propias trabajadoras, generando una diferencia abismal entre el dinero invertido y los servicios ofrecidos. Incluso, en Canarias, una supuesta fundación dedicada a la acogida de menores (Respuesta Social Siglo XXI) se encuentra con un proceso judicial en marcha por un presunto desvío de fondos públicos y otra serie de delitos económicos.
Pero, aquellas dinámicas que provocan la reacción en la izquierda institucional cuando ocurren en otras ramas de los servicios públicos, como puede ser en el sistema sanitario o educativo, no son cuestionadas e, incluso, todo lo contrario, son promocionadas y alabadas como ejemplo de colaboración público-privada, destacando el supuesto carácter social de parte de los agentes presentes.
Esto enlaza con el segundo punto destacado. En los últimos meses, diferentes denuncias públicas por parte de organizaciones sociales o medios de comunicación, han evidenciado la situación de maltrato institucional que sufren los chavales: agresiones físicas por parte de “educadores”, celdas de aislamiento, amenazas y chantaje, comida podrida, instalaciones obsoletas, falta total de intimidad, criminalización de la organización y protesta de los jóvenes de los centros, etc.
Siendo esto último lo más grave, también, es necesario remarcar el cotidiano al que se ven expuestos, un cotidiano reducido a la nada, sin actividades formativas, sin posiblidad de trabajar, sin oferta de ocio, sin nada más que hacer que ver pasar los días hasta que la autoridad gubernativa decida qué hacer con ellos. La sensación de perder el tiempo, de la falta de control sobre sus propias vidas, de abandono, la frustración de no poder llevar a cabo sus proyectos personales, etc., tiene unas consecuencias profundas en la juventud migrante.
La España que se limpia la conciencia celebrando el éxito de los Lamines, se sustenta sobre las violencias ejercidas sobre los Aboubacars, Cisses y Omars.