Llevamos viéndoles desde hace meses. Personas principalmente mayores – si bien algún jovenzuelo aparece entre sus filas de vez en cuando -, protestando ante las puertas de entidades de crédito o de los Juzgados, clamando a gritos que se sienten estafadas por sus bancos de toda la vida. Son los/as famosos/as “afectados/as por las preferentes”.
No fue hasta finales de 2012, cuando los medios de comunicación empezaron a hacerse eco del escándalo de la venta de las acciones preferentes y se hicieron públicas las primeras sentencias condenatorias de las entidades de crédito cuando muchas personas tomaron conciencia de que ellas también habían adquirido ese producto financiero hacía unos años. Tal es el caso del Señor K. K recuerda que algún empleado del banco le había llamado a fin de que escuchara, urgentemente, una interesantísima propuesta que tenían que hacerle: la compra de unas participaciones preferentes, un producto muy seguro, con buen rendimiento y que podía recuperar en cualquier momento, pues siempre había compradores/as dispuestos a readquirirlas, exactamente igual que una acción. Además, como era un valor muy seguro sustentado en la propia garantía de solvencia del banco (¡ay! ¿quién se imaginaría por aquel entonces que Caja Madrid, bajo la sabia dirección de Rodrigo Rato, se iría al garete, que bajo la presidencia de José Ignacio Goirigolzarri en lo que ahora se llama Bankia se pediría una inyección pública de 22.000 millones de euros y que 33 de sus consejeros serían imputados en la Audiencia Nacional como presuntos autores de delitos societarios?) no bajarían nunca de precio y podría recuperarlas sin perder un euro, al contrario que una acción. Eso sí, la operación la tenía que firmar inmediatamente porque la demanda era alta (“el plazo se acaba hoy”), tenían ya muchos interesados y suscriptores y en cualquier momento podía quedarse fuera de la oferta al ser de ámbito nacional (“me las están quitando de las manos…”).
Confiado en las palabras del empleado que se las vendió y creyendo que era una buena operación, K firmó el contrato sin apenas echarle un somero vistazo, pues le informaron que era la documentación de siempre en este tipo de contratos (“firma aquí, aquí y allá y ya está”) y había que firmarlos para vencer la burocracia del banco. Así, vendió su alma al diablo (encarnado en Rodrigo Rato) y especuló con sus ahorros, motivado por las convincentes palabras del empleado y – por qué no decirlo – por la avaricia. Quería más y más y decidió jugar a ser banquero. Y se lo pusieron fácil: unos señores trajeados le prometieron que le iban a dar más pasta por inyectar dinero en su banco. De una pedrada se satisface su deseo de ganar más dinero y otro más complejo: su deseo de sentirse como uno más de ellos, como una persona que maneja pasta y triunfa en el mundo de las inversiones. Y coló.
A principios de 2013, viendo el revuelo que se estaba formando en los telediarios acerca de este tema y temiéndose lo peor (“¿qué era eso que yo había contratado con mi banco?”), K acude a su banco a pedir copia del contrato firmado. Sus temores no eran infundados: la operación que había firmado fue efectivamente la adquisición de participaciones preferentes y que por imperativo legal las mismas ya no pueden transmitirse ni ser amortizadas por la propia entidad, aunque el contrato así lo contemplaba en su día, por lo que varios miles de euros suyos se encontraban petrificados.
Entonces, ¿qué son las preferentes de las narices?
Lo primero que hay que aclarar es que se denomina “participación preferente” a algo que ni es una participación, ni es preferente. No es “preferente” porque en caso de que un banco entre en concurso de acreedores, estos productos se encuentran completamente subordinados a todas las demás deudas, por lo que los últimos en cobrar serían los/as accionistas/as y los/as penúltimos/as los/as titulares de las preferentes, por detrás del resto de acreedores. Las participaciones preferentes son una suerte de ameba dentro de la escala trófica concursal. Y, por otro lado, no es una “participación” porque son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho al voto.
Entonces, si no participan en el capital (como hacen las acciones y participaciones), ¿cómo obtienen beneficios sus titulares? Sin ánimo de dar una clase de macroeconomía para explicar el complejo funcionamiento de las preferentes (que no cotizan en bolsa y funcionan a través de un mercado secundario de renta fija que nunca ha existido), lo resumiremos diciendo que la retribución pactada como pago de intereses se condiciona a la obtención de beneficios y la decisión de distribuirlos. Por tanto, existe un riesgo de no percepción de las remuneraciones, pues debe ser el órgano rector del banco el que acuerde el abono en caso de obtención de beneficios, que podrían destinarse a otros fines.
¿Y en qué ha consistido el timo de las preferentes del que tanto se quejan?
Como hemos dicho, si al banco emisor no le da la gana de repartir los beneficios, los/as inversores/as que tenían preferentes se quedan sin nada. Y si el banco se va a pique, los preferentistas son los/as últimos/as en cobrar su deuda, arriesgando la pérdida absoluta de la inversión en caso insuficiencia patrimonial de la entidad de crédito, pues las participaciones preferentes no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos. Y eso es justo lo que ha pasado.
El ejemplo más claro de cómo se han aprovechado de esta situación de debilidad es el de Bankia. En el año 2009, Caja Madrid/Bankia comenzó a vender preferentes a K y a otros/as 92.000 clientes suyos, obteniendo en el plazo de dos meses más de 3.000 millones de euros. Si bien hay algunos casos especialmente graves y sangrantes dignos de una novela de Dickens (ventas a menores e incapaces sin autorización del representante legal; a gente mayor literalmente analfabeta que firmaban con su huella digital o una firma, etc.), por lo general el perfil de estas personas era el mismo: usuarios/as de servicios básicos, de cierta edad y sin conocimientos bursátiles, a los que se les ocultaron los riesgos que corrían y que metían todos sus ahorros en esa operación.
Posteriormente, en los años 2010 y 2011, los bancos fueron inflando conscientemente el precio de mercado de las preferentes, a pesar de que su valor razonable (es decir, el valor que se podía esperar que tuvieran en función de la situación económica de los bancos) era notablemente inferior. Y, cuando en mayo de 2012 se desplomó Bankia y tuvo que ser rescatada con dinero público, el valor de las preferentes se fue a tomar por saco. Miles de personas, que no tenían nada claro qué es lo que habían contratado con tantas prisas en 2009, se dieron cuenta de que lo habían perdido todo, que no había forma de recuperar la inversión y que nadie quería recomprar sus participaciones. En definitiva, se han quedado sin nada.
¿Nos salvarán los jueces de este lío?
El 30 de mayo se publicó una sentencia del Tribunal Supremo en la que se condenaba a BBVA a indemnizar a un matrimonio con 291.000 euros por los perjuicios causados en la comercialización de preferentes. Y no es la única sentencia en este sentido. Por ejemplo, en abril se condenó a Bankpyme en Barcelona y en mayo a Popular Banca Privada en Zaragoza. La premisa en que se basan es que los bancos no informaron sobre los riesgos que existían (“podrías perderlo todo”) y engañaron a sus clientes.
Si bien cada uno es libre de explorar las vías que estime convenientes para solucionar sus problemas, no hay que olvidar que paralelamente a lo que ocurre en los juzgados existe todo un movimiento que reivindica los derechos de los/as afectados/as por las preferentes y señala a los culpables. Una judicialización excesiva, o mejor dicho, el limitarse a judicializar un asunto sin luchar por él en la calle, frente a tus vecinos/as, con el resto de compañeros/as afectados/as a tu lado, debilita la lucha. No sólo por la desmovilización que puede generar (“yo he interpuesto una demanda, ya he hecho mi parte, no hace falta que salga a la calle”), sino por el resultado final de la sentencia. La presión social hace mucho, los/as jueces no son ajenos/as a ella, y si últimamente estamos asistiendo a sentencias que no favorecen a los bancos es por algo.
Las movilizaciones en este frente están compuestas por personas que hace unos años pertenecían a lo que podíamos denominar estratos impermeables a los excesos del capitalismo y a la represión y que hasta cierto punto amparaban la persecución política. Sin embargo, ahora se encuentran sufriendo en carne propia lo que nunca esperaron y, junto a colectivos contra los desahucios, en defensa del empleo, de la defensa del territorio, contra la privatización de servicios, etc., los/as afectados/as por las preferentes comienzan a registrar un historial de incidentes (algunos leves, otros más graves) con el orden establecido.
Cabe destacar la fuerza de los/as preferentistas en Galicia (especialmente los afectados/as de la entidad Novagalicia), los/as cuales se están movilizando y concentrando frente a bancos y Concellos y, en consecuencia, sufriendo la represión policial. A pesar de ello, grandes manifestaciones recorren casi semanalmente las calles de A Coruña, Ourense, Vigo, Tui, etc. e, incluso, el pasado 22 de junio se ocupó durante unas horas el Obradoiro, la catedral de Santiago de Compostela.
Novagalicia, por su parte, ha interpuesto múltiples denuncias contra varios clientes afectados por las preferentes e incluso personas que no lo son, pero que han ejercido algún tipo de violencia, concretamente por “pegar a clientes o romper cajeros”, además de proferir insultos y/o amenazas contra sus empleados/as (obviando la paradoja de que la entidad presente denuncias en defensa de los/as empleados/as a los/as que va a despedir próximamente en un ERE que ya está en marcha).
Aprovechamos estas últimas líneas para mandar un saludo a Domitila, una señora de 81 años que se sirve de un andador para desplazarse y que en junio fue multada por la Guardia Civil por supuestamente alterar del orden público durante una de las mencionadas protestas.
