La Ley Mordaza la tumbaremos nosotras, o no lo hará nadie

Este mes pasado hemos salido a las calles en todo el Estado español, respondiendo a las convocatorias de la plataforma ‘No Somos Delito’ contra la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que entró en vigor hace casi 7 años, el 1 de julio de 2015. El motivo de reactivarse las protestas contra esta ley, contra la que verdaderamente nunca ha cesado su decidida confrontación por parte de los movimientos sociales, fue para impedir que sucediera lo mismo que lo que ocurrió recientemente con la (anti)Reforma Laboral: es decir, que no se realice un ligero maquillaje de los puntos más controvertidos (pero no por ello los más lesivos) de una normativa represiva que, en gran parte, es responsable de la desmovilización que venimos viviendo en las calles tras el Movimiento 15-M. Y es que la Ley Mordaza era – y es – un instrumento creado para acallar las protestas y el ciclo de movilizaciones abierto en los años 2010 y 2011 con la convocatoria de tres huelgas generales, el movimiento de vivienda y el estallido del movimiento 15-M. Por tibios que puedan parecernos algunos de estos movimientos con perspectiva histórica, en su momento se vivieron como una auténtica amenaza por los gobiernos de Zapatero y Rajoy y, sobre todo éste último, se reformaron las leyes represivas para que se pudieran reformar las leyes laborales con menor resistencia popular.

La Ley Mordaza se caracteriza por ser una ley administrativa que permite sancionar, de manera abusiva y sangrante, el bolsillo de las personas. En lugar de buscar condenar penalmente (es decir, a penas privativas de libertad) a quienes infringen la ley en movilizaciones sociales, cuando se aprobó la Ley Mordaza se priorizaba la sanción económica como castigo, ya que ésta se puede aplicar de manera masiva (no hace falta detener violentamente a todas las asistentes a una manifestación, sino que basta con pedirles el DNI y mandarles una multa unas semanas después), de manera rápida (en unos meses se resuelve el procedimiento sancionador) y con menos garantías para las represaliadas que un procedimiento penal (la imposición de una multa no requiere la celebración de un juicio, ni otorga presunción de inocencia a la denunciada, sino que la policía cuenta con presunción de veracidad). La lectura fue que eso limpiaría las calles de manifestantes honestamente atemorizadas. Y el tiempo les ha dado la razón.

La Ley Mordaza arrasa con todo. Incluso Amnistía Internacional, nada sospechosa de ser una organización revolucionaria, exige cambios más profundos en la Ley Mordaza que los que se prevé que se realizarán por parte del gobierno y calcula que, entre 2015 y 2019, el 70% del total de sanciones en materia de seguridad ciudadana se impusieron en base a dos artículos: la “resistencia, desobediencia o negativa a identificarse” ante agentes de la autoridad (art. 36.6) y “faltas de respeto a la autoridad” (art. 37.4), siendo el importe medio de cada sanción de 600 euros. Sin embargo, ninguno de estos dos artículos se verá eliminado por la reforma que se está tramitando en el Parlamento.

Como decimos, en febrero salimos a las calles unos días antes de que se celebrara la sesión parlamentaria en la que se debatió la reforma de la Ley Mordaza. Sin embargo, tras tres horas de sesión en el Congreso, se decidió aplazar el debate al mes de marzo para estudiar nuevas enmiendas, por lo que todavía nos queda algo de margen para pelear en las calles y exigir que se apruebe algo parecido a lo que contenía el acuerdo de gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE: “Aprobaremos una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la “Ley mordaza» para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. Un acuerdo que, sabemos, nunca se tuvo intención de cumplir por parte de sus firmantes.

Asimismo, colectivos sociales como Ojo con tu Ojo, Defender a quien Defiende o Irídia están reivindicando, de manera coordinada con estas convocatorias, que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana prohíba que la policía pueda usar las pelotas de goma como parte de su material antidisturbios[1].

Sin lugar a dudas, al margen de la aprobación de la Ley Mordaza, otro de los factores que propiciaron la desmovilización de las calles (al margen de esta Ley Mordaza) ha sido precisamente la aparición de Podemos y su alianza de gobierno con un partido con una larga trayectoria de actuación liberal de derechas como el PSOE, prometiendo entre ambos medidas ilusorias y traidoras para la clase trabajadora. Y es que la mejor manera de que nada cambie, es hacerle creer a la gente que va a cambiar todo, e incluso hacerles vivir una falsa sensación de transformación que quede en absolutamente nada. Por eso, no podemos esperar que el cambio vendrá de las instituciones. El cambio será conquistado mediante la lucha y la desobediencia colectiva, porque es la fuerza del común lo que nos protege. Seguimos con todo por luchar, todo por descubrir y todo por hacer.

[1] Las balas de goma han provocado 15 muertes, numerosos heridos y 11 pérdidas de visión, de acuerdo con el informe Stop Balas de Goma, elaborado (en castellano y en catalán) por Irídia y Novact, con la colaboración de Ojo con tu Ojo y Stop Balas de Goma.