Un Juzgado de Madrid absuelve a trece personas denunciadas por gritar «fuera fascistas de nuestros barrios» a miembros de Vox

Gritar «fuera fascistas de nuestros barrios» no es delito. Al menos si no se hace con la intención de intimidar («compulsión directa, violenta y relevante causalmente») a quienes reciben esos cánticos.

Ésta es la conclusión a la que ha llegado un Juzgado de Madrid que hace unos días enjuició a trece vecinas de Vallecas que se habían topado con una carpa de propaganda de Vox en la zona del Puente. Molestas por la presencia de un partido que propugna la xenofobia, la homofobia y el machismo, corearon «fuera fascistas de nuestro barrio», «fuera machistas de nuestros barrios», «nativa o extranjera, la misma clase obrera» y frases similares.

Pese a que estaban situadas a una distancia de diez o quince metros, no se profirieron amenazas, ni hubo agresiones, los miembros de Vox (prácticamente iguales en número a las vecinas) llamaron a la policía y denunciaron a quienes les gritaban. Cuando el asunto llegó a los Juzgados de Plaza de Castilla, el partido de ultraderecha calificó los hechos como constitutivos de un delito leve de coacciones.

El juez que ha absuelto a las vecinas ha concluido que no hubo ningún tipo de violencia o intimidación (requisito esencial del delito de coacciones), y que lo que se dio fue una respuesta a la exposición de unas ideas o un programa político determinado. Con insultos, sí, pero no es más que una protesta legítima. Y es que quienes aspiran a gobernar y se meten en política institucional deben soportar las críticas, a veces ácidas y contundentes, de quienes no están de acuerdo con sus ideas.

Por nuestra parte, celebramos que todavía se considere que el término «fascista» es un insulto.

El programa de Vox

A diferencia de otros partidos ultras, como el Frente Nacional, Vox no compite con los partidos clásicos de izquierdas con medidas económicas destinadas a acercarse a la clase trabajadora. Es claramente ultraliberal. Si nos leemos su programa económico (y no nos estalla la cabeza con medidas como “derogar cinco normativas por cada una promulgada para el comercio y la industria”), podremos ver cómo todo se basa en ayudas a los que más tienen: eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones (que a las rentas bajas prácticamente no les afecta), reducción del impuesto de sociedades, introducción de un sistema mixto de pensiones (que significa dejar un sistema público de subsistencia y fomentar los planes privados), eliminación del PER (el subsidio agrícola que permite sobrevivir a los/as jornaleros/as), etc. La única parte del programa supuestamente destinada a trabajadores/as consiste en reducción de la cuota que pagan las empresas a la Seguridad Social, lo que supone bajada de costes laborales a éstas y menores pensiones para los/as de siempre. Además, hay que destacar que entre sus cien medidas, ni una sola se destina a mitigar el cambio climático, que tiene mayor incidencia con quienes menos tienen.

Por tanto, tenemos un programa económico que beneficia a las empresas y un programa social que se ceba con quienes menos medios y derechos tienen: criminalización del migrante (con mayor saña si es musulmán) y eliminación de su derecho a la asistencia sanitaria gratuita, tanto si tienen o no permiso de residencia, desprotección de la mujer con la eliminación de las leyes contra la violencia machista, imposición de la custodia compartida y restricciones al aborto, contra el colectivo LGTBI (eliminación de la cirugía de reasignación de sexo, defensa de la familia “natural”)…

Conocer el programa que quieren imponer, yendo más allá de sus rebuznos en televisión y gritos de “a por ellos”, nos permite poder hacer esa imprescindible pedagogía en nuestros barrios para dejar claro que es un partido que va contra la amplia mayoría de la población.