Desde hace unos tres meses, el número de desalojos de viviendas okupadas ha aumentado exponencialmente. Y no sólo eso, sino que, además, ni los jueces, ni la Administración, están avisando a nuestras/os vecinas/os okupas que les van a desalojar, por lo que los lanzamientos se producen de manera sorpresiva y violenta. El final de la legislatura está cerca y las deudas que el Ayuntamiento tiene con ciertos intereses privados se están saldando, a costa de los hogares de personas sin recursos. Y a quien se le ocurra protestar por esta injusta situación, es detenido/a en su casa semanas después. Esto es Madrid.
Hace poco menos de dos años, publicamos en este medio un artículo titulado “La Okupación en el Punto de Mira” (Todo por Hacer, mayo 2013). En él, denunciábamos cómo muchos desaparecidos centros sociales okupados (como los CSO Raíces, Salamanquesa, KOALA, etc.) estaban siendo hostigados policialmente. “Aunque la represión a estos proyectos siempre ha existido, en los últimos meses hemos podido ver un aumento de la presión policial sobre estos espacios, con visitas frecuentes para tratar de impedir la celebración de eventos, amenazas de desalojo e incluso el desalojo efectivo de alguna okupa”, decíamos. Parecía que la okupación en Madrid estaba viviendo sus peores momentos en mucho tiempo.
Ahora, en pleno 2015, la situación, lejos de revertirse, ha empeorado. Las órdenes de desalojo a vecinas okupas se han multiplicado como los panes y los peces, pero con una novedad muy importante: ya no se está notificando (casi nunca) a los/as afectados/as que ese desalojo se va a producir.
El aumento en el número de desalojos
El programa nº 88 de radio Cabezas de Tormenta (www.cabezasdetormenta.org) comienza resumiendo el porqué de este aumento del número de desalojos a la perfección: “Van a por nosotros. El final de la legislatura cada vez está más cerca y los compromisos que el Ayuntamiento tiene con los diferentes intereses privados se tienen que saldar. Por eso, en las últimas semanas, Madrid vive un aumento exponencial de desahucios y detenciones. El movimiento de vivienda está en el punto de mira de Cristina Cifuentes. Los lanzamientos se ejecutan lo antes posible, para acabar cuanto antes con el procedimiento, y quienes se interpongan acaban con las muñecas marcadas. Esto es Madrid”.
En este programa, los/as compañeros/as de Cabezas de Tormenta entrevistan a un miembro de la Oficina de Vivienda, del Grupo de Vivienda de Tetuán y a una vecina del bloque de Obra Social de La Cava. “Se acercan las elecciones y están barriendo Madrid”, explica una de las vecinas de las viviendas desalojadas.
Asamblea de vecinas okupas afectadas por un desalojo
En los últimos dos o tres meses hemos presenciado cómo múltiples amigos/as y desconocidos/as han sido desalojados de pisos o edificios que habitaban sin previo aviso. Uno de los casos más sonados ha sido el de La Cava (en la calle Toledo 89), en el que el Juzgado de Instrucción nº 22 de Madrid (a instancias de la inmobiliaria Promociones Calvin S.L.) decretó el desalojo de veinte familias en situación de gran vulnerabilidad, dejándolas en la calle de un día para otro. Y por desgracia, no son las/os únicas/os a las/os que les ha ocurrido algo similar, sino que son decenas las/os vecinas/os desalojadas de viviendas recuperadas en todos los barrios de Madrid.
Pero no solo se están dando prisa para desalojar a okupas con procedimientos penales abiertos, sino que también se están poniendo las pilas para desahuciar a personas de sus viviendas en procesos civiles. Como explica una compañera en el mencionado programa de radio, “desde hace unos meses se están ejecutando los primeros lanzamientos [de casas que se van desahuciando]. Hasta ahora, no metían caña [ni acudía la comisión judicial acompañada de la policía] en los primeros lanzamientos y el movimiento de la vivienda se había hecho fuerte allí, parando todos los desahucios hasta el tercer intento. Ahora meten caña desde el principio y no podemos pararlo”.
El recrudecimiento de las formas
El caso de La Cava ha sido trágico para las 46 personas que se han visto expulsadas de su casa. Pero no sólo porque les hayan echado de sus viviendas, sino porque no se hizo con previo aviso, por lo que no pudieron reaccionar a la noticia. La magistrada que decretó su desalojo no se molestó en notificárselo a las partes, por lo que su ejecución les pilló por sorpresa, mientras sus habitantes se encontraban trabajando, o llevando a cabo cualquier recado, y algunos/as de los/as niños/as en la escu
ela. “No nos esperábamos que el desalojo se fuera a producir de forma tan salvaje”, explica una vecina de La Cava en Cabezas de Tormenta, “fueron casa por casa tirando abajo las puertas, sin llamar al timbre, a pesar de que había niños dentro […]. Un niño de cinco años le preguntó a un policía si le iban a dejar sin casa y el policía le dijo ‘ese no es mi problema, es problema de tu madre’”. El edificio se precintó por la policía y sus objetos personales permanecen en el interior, sin que al cierre de esta edición se haya autorizado de manera alguna su devolución y dejando en situación de desamparo a menores y personas con enfermedades graves.
Lo mismo ocurrió con el sonado caso del edificio desalojado en la calle Ofelia Nieto 29. Se produjo un desalojo (en este caso administrativo), sin que se notificara con anterioridad a los/as interesados/as (en este caso por parte del ayuntamiento). Y según nos informan algunos/as abogados/as y grupos de vivienda madrileños, desde enero se está dando lo mismo en todos los barrios de la capital (especialmente allí donde proliferan los espacios okupados, como en Vallecas, Tetuán, Carabanchel, Aluche, Lavapiés, etc.): desalojos sin citar previamente a los/as afectados/as para declarar en sede judicial (imputados/as por un delito de usurpación), para que expliquen qué hacían allí, y sin informarles de la decisión de desalojarles de sus viviendas.
El interrogante que nos planteamos ahora es cómo es posible que todos/as los/as jueces de instrucción de Madrid se hayan puesto de acuerdo en empezar a desalojar sin avisar previamente a los/as ocupantes. Antes (y con antes nos referimos a cualquier momento anterior a enero de 2015) la dinámica normal era que el juez identificaba y oía en declaración a los/as okupas y posteriormente les notificaba a ellos y/o a su abogado/a el Auto de desalojo, otorgando un margen de tiempo prudencial para abandonar el espacio, poder hacer una mudanza en condiciones y evitar conflictos innecesarios. Pero desde hace tres meses la situación ha cambiado. Podemos entender que el gobierno tenga que saldar sus cuentas y quiera acelerar los desalojos y lanzamientos para restituir a bancos e inmobiliarias, pero supuestamente el poder judicial debería estar al margen de todos estos tejemanejes. No puede ser casualidad que todos/as (o casi todos/as) los/as jueces madrileños/as (incluyendo los/as que tienen fama de ser más garantistas) hayan modificado su estrategia y hayan optado por no avisar sus lanzamientos. Para que esto sea posible, en algún momento se ha tenido que celebrar una reunión de jueces (con algún representante del Ejecutivo, quizás) para trazar un nuevo protocolo para acelerar procesos en casos de okupaciones.
La represión
Por último, no podemos obviar la represión al movimiento de vivienda en Madrid. El caso más conocido fue el de las detenciones que se produjeron tras el desalojo y derribo del edificio de la calle Ofelia Nieto 29, después de que los/as manifestantes que allí se concentraron echaran en cara a la policía lo que estaba haciendo.
Así mismo, en los últimos stop desahucios como los de Elvira, Umberto, Emilia o Rafaela o Charo, ha habido una presencia policial desmesurada que ha terminado en la mayoría de las ocasiones con familias desahuciadas y decenas de personas solidarias heridas a consecuencia de la brutalidad empleada bien por UIP o por la unidad de policía municipal que desde hace meses protagoniza estos operativos.
Unos días después, unas personas irrumpieron en el pleno municipal de la Junta de Distrito de Moratalaz y desplegaron una pancarta en la que se leía “Ni gente sin casas, ni casas sin gente. Stop desahucios”. Unas semanas después, el Grupo XXI de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional detuvo sorpresivamente a 19 personas en sus casas por esta acción.
Desde aquí queremos mandar un abrazo y todo nuestro apoyo a la a la que han arrebatado su hogar y a las/os represaliadas/os por mostrarse solidarias/os con ellas/os. Frente a su miseria, nuestra solidaridad.