No es fácil, para una publicación mensual como esta, escribir un artículo sobre la corrupción en la política española si se le quiere tratar con cierta actualidad. Aunque estos días se habla de los 51 nuevos/as imputados/as encabezados/as por Francisco Granados, cuando decidimos escribir estas líneas la novedad era el saqueo que políticos/as, empresarios/as y sindicalistas habían llevado a cabo en Bankia a través de las tarjetas black de las que disponían sin dar cuentas a nadie y de la que entre los/as 83 miembros de la cúpula del banco se quedaron 15 millones de euros. Nos pareció un caso muy representativo y que destacaba entre los otros muchos asuntos de corrupción que día a día son noticia no sólo por la cantidad saqueada, sino porque todo/a el/la que tenía opción de usar las tarjetas las había utilizado.
Eso es lo que queríamos destacar, que la idea de que el poder corrompe no es una frase hecha y que las instituciones y la forma de participación política existente incitan a la corrupción, por lo que todas las nuevas propuestas que aspiran a manejar el aparato del Estado son firmes candidatos/as a abrir las portadas de los telediarios, porque como dijo un antiguo barbudo “Es una historia muy vieja: el poder corrompe a los hombres, incluso a los más inteligentes, incluso a los más abnegados”
Las tarjetas black de Bankia
Como decíamos, empezábamos el mes con la noticia de que 83 de los/as 86 consejeros/as de la antigua Caja Madrid llevaban años utilizando unas tarjetas de libre disposición sin control ninguno para realizar compras personales. Podría ser uno más de los ejemplos de cómo en las grandes empresas derrochan en gastos de representación, regalos y lujos en sus cúpulas mientras imponen recortes y despidos a sus trabajadores/as, pero creemos que el caso de Bankia es algo más sangrante: es responsable de decenas de miles de desahucios de primera vivienda, ha realizado una reducción de plantilla de 4.500 empleados/as y llevado a cabo un despido colectivo que ha dejado en la calle a cientos/as de trabajadores/as (despidos que después de ser judicializados, han llevado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a cambiar sus criterios para declararlos procedentes, no hay que ser malpensados/as, pero…). Todo ello en una caja de ahorros que ha recibido 22.424 millones de euros de dinero público del Estado y de la Unión Europea.
De los/as que pillaron este dinero, 28 fueron nombrados/as a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por CO.OO y otros cuatro por UGT, siendo los/as restantes altos/as cargos/as y otros/as nombrados/as por la patronal. Poca diferencia ha habido entre los gastos que hacían unos/as y otros/as y en las reacciones que han tenido una vez descubiertos/as: Blesa diciendo que no le “llamó la atención porque era el 1% o 2% de lo que cobraba, no era una cantidad llamativa” refiriéndose a 436.000 euros, el secretario general de UGT Madrid, José Ricardo Martínez dimitiendo, pero sin entender que hubiera motivos para hacerlo porque “He hecho un uso de tarjeta razonable y razonado” de 44.200 euros en dos años.
Manzanas podridas
Vamos a dejar de lado otros casos de robo de dinero público, de prevaricación y de asignación de contratos a dedo por colegueo o interés, como el Caso Gürtel, el de Bárcenas, el Pokémon gallego y todos los que afectan a CiU en Catalunya (la familia Pujol al completo, el Palau, el 3% de comisión…), los que afectan a los capos de la patronal madrileña, o la reciente Operación Púnica, no porque no tengan importancia (el dinero saqueado y su impunidad es brutal) sino porque sus participantes son los/as de siempre, aquellos/as que ya dábamos por hecho que en cuanto tuvieran la oportunidad iban a mirar por sus bolsillos. Por eso, y porque damos por hecho que entre nuestros/as posibles lectores/as no se encuentran votantes de estos partidos y que la prensa del PP ya airea la corrupción del PSOE, y viceversa, queríamos plantear el tema de la corrupción en los partidos minoritarios y en los sindicatos.
Cada vez que se pilla a un/a sindicalista de UGT o CC.OO. o a un político de IU llevándoselo crudo, los/as
dirigentes quedan desconsolados/as pero a la vez satisfechos/as porque han sacado del cesto la manzana podrida y demostrado que son inflexibles contra la corrupción. El problema es que nosotros/as pensamos que no se tratan de casos aislados ni de personas con una especial querencia por el dinero, sino que es fruto de la propia organización y la participación en estructuras que nos deberían de ser ajenas como trabajadores/as. Como señala un reciente manifiesto impulsado por sindicalistas de CC.OO. su “obsesión por actuar como ‘hombres de Estado’ los arrastra, inevitablemente, a compartir objetivos comunes con los grandes poderes que tienen en sus manos las riendas de la sociedad, los partidos que se alternan en el gobierno, los banqueros y los grandes empresarios. A cambio, reciben generosas subvenciones del Estado y participan en decenas de consejos de administración. Por ello estos casos de corrupción son el fruto inevitable de la política de paz social y consensos, de desmovilización, de firmar acuerdos, que nos hacen perder derechos y conquistas sociales”. Compartimos sus palabras, aunque nos queda la duda de si son sinceras o simplemente oportunistas aprovechando un momento de deslegitimación del sindicato para alcanzar nuevos puestos de poder.
Teniendo el reciente caso de José Ángel Fernández Villa, líder del sindicato minero SOMA-UGT durante 34 años, y consejero de HUNOSA, que blanqueó 1,4 millones de euros con la amnistía fiscal de 2012, el casi eterno caso de los ERE en Andalucía o el citado de los/as consejeros/as de Bankia, nos surgen preguntas: ¿Cómo se puede negociar y representar a los/as trabajadores de la minería si por tu condición económica y social estás más cerca de los patrones/as que de los/as mineros/as? ¿Con qué legitimidad te puedes oponer al ERE de Bankia si tú mismo/as estás ayudando en su saqueo?
El ejercicio del poder es una determinación social negativa. La naturaleza del hombre está constituida de tal manera que si tiene la posibilidad de hacer el mal, es decir, de alimentar su vanidad, su ambición y su avidez a expensas de otros, hará sin duda pleno uso de tal oportunidad. Por supuesto, todos nosotros somos socialistas y revolucionarios sinceros; no obstante, si se nos diese poder, aunque sólo fuese por el breve plazo de unos pocos meses, no seríamos lo que somos ahora. Estamos convencidos como socialistas, vosotros y yo, de que el medio social, la posición social y las condiciones de existencia son más poderosas que la inteligencia y la voluntad del individuo más fuerte y poderoso; y precisamente por este motivo exigimos una igualdad no natural sino social de los individuos como condición para la justicia y fundamento de la moralidad. Por eso detestamos el poder, todo poder, al igual que el pueblo lo detesta.
A nadie debe confiársele el poder, pues cualquier individuo investido de autoridad debe, por la fuerza de una ley social inmutable convertirse en un opresor y explotador de la sociedad.
Somos, de hecho, enemigos de toda autoridad, pues comprendemos que el poder y la autoridad corrompen a quienes los ejercen tanto como a quienes se ven forzados a someterse a ellos. Bajo su dañina influencia algunos pasan a ser déspotas ambiciosos, ávidos de poder y codiciosos de ganancia, explotadores de la sociedad en su propio beneficio o en el de su clase, mientras otros se convierten en esclavos” – Mijail Bakunin